La reconstrucción, que se realizará el jueves y viernes en el lugar de los sucesos, a unos 250 kilómetros al noreste de Asunción, supone una de las etapas finales del juicio, que se inició el pasado 27 de julio.
A los campesinos se les acusa de estar implicados en la muerte de seis policías, sin embargo, no hay ningún imputado por la muerte de los once labriegos que fallecieron en la masacre.
La matanza se produjo durante un operativo policial de desalojo de unas tierras que un grupo de 70 labriegos ocupaba para pedir que se integraran a la reforma agraria.
La Fiscalía indicó en un comunicado que el tribunal resolverá el martes el lugar dónde permanecerán los acusados durante la reconstrucción.
El tribunal decidió que los once campesinos procesados viajen el miércoles bajo custodia policial y queden recluidos en una comisaria de la zona.
Sin embargo, la defensa pidió que permanezcan en la casa de un familiar de una de las víctimas, a excepción de uno de los acusados, que cuenta con prisión preventiva.
Los preparativos para la reconstrucción de los hechos fueron tratados en la sesión de hoy, en la que también declaró uno de los últimos testigos, con lo que quedan pendientes los testimonios de tres policías para finalizar esa parte del proceso.
Tanto la defensa como organizaciones que apoyan a los acusados encuentran numerosas contradicciones e irregularidades en la investigación de lo ocurrido y reclaman la anulación del juicio.
Sostienen que no son concluyentes las pruebas forenses ni los análisis de los cadáveres, que no fueron sometidos a autopsia, y denuncian el extravío de algunas pruebas, que se suman a la recolección irregular de casquillos de balas por personas ajenas a la investigación previa intervención fiscal.
La investigación de este caso ya suscitó la reacción del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que el pasado mes de enero reclamó a Paraguay “investigaciones imparciales e independientes” sobre los hechos.
La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al entonces presidente Fernando Lugo, destituido una semana más tarde en un proceso que llevó a Paraguay a ser suspendido del Mercosur, dado que los socios del bloque consideraron que el país había roto con el orden democrático.
