Los magistrados aseguran que la intromición de la escribana en el despacho del mencionado juez para inventariar expedientes o controlar el desenvolvimiento de un juzgado penal de garantía, “atenta contra el sistema de la administración de Justicia y sus estamentos de control jurisdiccional”.
Los jueces aprovecharon además para apoyar las gestiones de la actuaria judicial Lina Casco y de los funcionarios que tiene a su cargo. Mencionaron que son ellos, los jueces, quienes “tienen las responsabilidades individuales en el trabajo que les corresponde y no a terceras personas”.
El juez Ayala Brun estaba suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados porque con un oficio había trabado el traslado del condenado Jarvis Pavão.
