De acuerdo con Abel Florentín, presidente del Centro, la intención es brindar un “no” rotundo a las “represalias y persecuciones a los gremios del sector y en forma personal a los jubilados y pensionados, debido a la exigencia de una transparencia en la administración de la Caja”.
Mencionó que se deben tomar las precauciones debidas ante lo que consideran hechos sospechosos: 81 operaciones realizadas por la empresa Karaku SRL con algunos jubilados por un monto de G. 14.000 millones, a quienes se les libraba cheques para cancelar sus deudas con la Caja y se les otorgaba nuevos préstamos con tasas muy bajas, en un tiempo récord, “rompiendo toda regla de control interno implementado en la Caja”, según Florentín.
Ya existe una carpeta fiscal al respecto, y una denuncia que quedó a cargo del fiscal Martín Cabrera, quien dio curso a la petición con la comunicación del inicio de la investigación, caratulada “Investigación fiscal s/ lavado de dinero y/o lesión de confianza” Nº 13/2017.
Según la provisión de los extractos de cuentas del Banco Continental de la empresa Karaku SRL, no consta ningún movimiento de los cheques emitidos para la cancelación de los préstamos. Esto está inserto en el informe de auditoría de la misma Caja, lo cual también llama la atención del denunciante.
Florentín adujo además que existe una fuerte sospecha de que el ex gerente general de la Caja Rodrigo Amarilla está relacionado con Karaku, ya que figuró en algún momento como empleado de la misma para los aportes en el IPS.
