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Economía
martes 11 de octubre de 2016, 01:00

Jubilados bancarios cuestionaron al ministro de Hacienda

En conferencia de prensa miembros de la Coordinadora de Gremios Jubilados y Pensionados Bancarios del Paraguay negaron ayer que el Estado esté subvencionando la existencia de la Caja Bancaria y que una mala administración haya sido el motivo de sus crisis años atrás.

Abel Florentín, coordinador del gremio, señaló que la Caja Bancaria no ha recibido “un solo guaraní” del Gobierno para su salvataje y mucho menos después de la crisis. “La hemos salvado los jubilados, pensionados, activos y nadie más”, aseveró.

Calificaron de “falacias” las expresiones del ministro de Hacienda, Santiago Peña, del supuesto manejo discrecional que tuvo la Caja Bancaria y que derivó en una profunda crisis.

Recordó que en el periodo de los años 2002 al 2012 al menos unos 3.389 jubilados sufrieron descuentos compulsivos en sus haberes mensuales hasta en un 50%, motivo por el cual presentaron un proyecto de ley en Cámara de Senadores para la restitución de este dinero.

El monto que los jubilados reclaman se pagará con fondos propios de la Caja Bancaria, y es de G. 129.000 millones, añadió Florentín.

“El ministro es un muchacho joven; será buen profesional, pero él no vivió lo que ha pasado. Debió haberse informado antes de opinar, más aún siendo su opinión algo oficial, porque se engaña a la opinión pública”, resaltó.

ley de pensiones. El presidente de la Caja Bancaria, José Caballero, manifestó su preocupación por la ley de pensiones que viene del Ejecutivo, puesto que excluye al sector privado del Consejo Asesor de la Superintendencia.

“Tienen que estar representados todos los sectores para que tenga un efecto positivo. Estamos de acuerdo con la Superintendencia de Pensiones, pero queremos participar en el proyecto, de manera a que nuestra posición sea escuchada”, resaltó.

También consideró que la propuesta que viene del Gobierno otorga superpoderes al superintendente, y que en capítulo de inversiones está más orientado hacia el rubro de bonos del Estado. “El superintendente tendría un poder tan grande que podría enajenar bienes y activos con solo presunciones”, advirtió.