“No se advierte ninguna voluntad política, institucional, en los Gobiernos en América Latina para luchar contra la corrupción”, denunció Ugaz.
Aunque avisa que Chile puede ser la excepción que confirme esta regla, pues la presidenta, Michelle Bachelet, decidió crear la comisión Engel para discutir propuestas que permitan enfrentar esta lacra.
La corrupción, una problemática que afecta de manera directa a los derechos inherentes de cualquier ser humano, sigue presente en la región, en dónde hay “esfuerzos individualizados” de las instancias de justicia y de la sociedad civil para ponerle fin, cobrando ésta última un protagonismo “nunca antes visto” en el área.
“Ese componente de una sociedad movilizada me parece que es muy alentador y novedoso”, dice Ugaz y expresa su deseo de que se mantenga en el futuro, de hecho Transparencia Internacional apoya esa “sostenibilidad” para que no pase lo que ha ocurrido con otros esfuerzos que son “flash y luego se apagan”, como la Primavera Árabe.
Pero también fiscales y jueces, como los que están a cargo del caso “Lava Jato” de Brasil, la justicia peruana -que ha emitido una orden de captura contra el expresidente Alejandro Toledo- o los de Panamá -por el caso Mosacck Fonseca-, evidencian estos esfuerzos en pro de la transparencia y el fin de impunidad, una afán que espera que se propague.
Aunque hay excepciones. En Argentina “la cosa está muy incipiente”, y en Ecuador y Venezuela no se espera que “vaya a pasar mucha cosa porque el tipo de régimen que hay ahí no está muy interesado” en poner fin a este circulo vicioso.
Pero los casos de “Lava Jato” o el de los Papeles de Panamá van a dar noticias durante mucho tiempo, apunta Ugaz en el marco de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la que no duda en hablar de Venezuela, donde “la línea dura” del Gobierno puede incrementar la corrupción.
“Cada vez hay más evidencia de redes de narcotráfico trabajando con mucha libertad, con la complicidad de funcionarios de ese país”, señala, aunque reconoce que este monopolio de poder concentrado en el Ejecutivo está cerca del final: “Políticamente hablando es poco el oxígeno que le queda”.
Cuestionado por la situación de Estados Unidos, bajo la Presidencia de Donald Trump, el experto peruano reconoce que ha tenido actitudes y expresiones “muy preocupantes” en la lucha contra la corrupción y la transparencia, como la descalificación a la ley que impide el pago de sobornos de empresas norteamericanas en el extranjero.
Estados Unidos, que fue líder en establecer esta legislación -a la que luego se han unido otras naciones europeas-, enviaría una “mala señal” y “muy peligrosa” en el caso de su derogación, pero esa inestabilidad también se ve en los nombramientos de varios cargos en su Gobierno.
Ahí entran “conflictos de intereses”, pues algunos son personas vinculadas a altos intereses económicos o a grandes empresas que pueden generar, en el futuro, problemas de corrupción en el país.
En el caso de Guatemala, Ugaz no duda en destacar el trabajo desarrollado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente que suscita deseos allá donde se nombra, sobre todo en Ucrania o en Panamá, dos naciones en las que se discute cómo romper la inercia de la impunidad.
“Pero no cualquier país debe tener una comisión de este tipo. Está destinada a aquellos en los que la justicia es inoperativa”, acota el presidente de Transparencia Internacional, quien alaba este modelo “valiosísimo” que solo debe ser aplicado en aquellos países en los que “los niveles de impunidad han rebasado la capacidad del sistema”.
Diversos estudios de organismos internacionales calculan que los países pierden entre un 10 % y un 15 % de su Producto Interior Bruto (PIB) por la corrupción, y que hay 200 trillones de dólares circulando de manera ilegal en el mundo.
Algunas cifras son abrumadoras. Para erradicar la pobreza extrema se necesitan 65 billones de dólares, pero al menos 1 trillón de millones sale de países subdesarrollados en flujos ilícitos, la educación se garantizaría con 42.000 millones de dólares pero 3 trillones se evaden fiscalmente, mientras 1 trilló se paga en sobornos.
