El anuncio fue realizado por el director paraguayo, James Spalding, quien se reunió con el presidente Horacio Cartes. Estuvo acompañado de su equipo de directores.
Spalding señaló que la mayor generación de energía se dio en este primer semestre. “Eso tiene un impacto directo para el Ministerio de Hacienda, en royalties y cesión de energía. Esos recursos, una parte se destina a las gobernaciones, municipios y también al Fonacide”, apuntó.
Ante la serie de denuncias que hubo contra la administración de intendentes y gobernadores sobre uso de fondos, ahora buscan generar mayor control en la ejecución de los recursos.
La suma de USD 1,5 millones irán destinadas para la Administración Nacional de Electricidad, en concepto de resarcimiento.
obra rc4. Sobre la construcción de viviendas del futuro barrio San Francisco, Spalding dijo que ya desembolsaron USD 33 millones en contratos. Las obras generarán en una primera etapa, alrededor de 600 puestos de trabajo.
Las autoridades de Itaipú indicaron que están coordinando los trabajos con la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat). Monitorearán de cerca y aplicarán multas en caso de atrasos, señalaron. Contrataron el servicio de la oegené Hábitat para la Humanidad para realizar el censo de los beneficiarios.
En relación al trabajo del estudio de la política energética, dijeron que costó G. 900 millones. Contrataron el servicio de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.
El trabajo cuenta con 3 etapas. A corto plazo están mirando el 2023, fecha en que fenece el Tratado de Itaipú. Cartes debe nombrar al coordinador de la política energética. Luego se presentarán los ejes ante el Congreso y otras instancias sociales.
Informaron que tomaron la decisión de impulsar tolerancia 0 a cualquier esquema judicial que pueda afectar patrimonialmente a la entidad. En ese sentido, indicaron que también consiguieron ahorrar alrededor de 31 millones de dólares en juicios favorables para la entidad. De esta cifra, 9 millones de dólares corresponden a sentencias firmes y ejecutoriadas, y 22 millones de dólares de sentencias que salieron victoriosos en primera y segunda instancia.