El representante legal en Paraguay de la firma española Isolux Corsán, el abogado Pablo Livieres, y el lobbista de dicha empresa, el ingeniero Ernesto Dos Santos, respondieron ayer a la intimación notarial promovida por el titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona.
Ambos negaron y rechazaron rotundamente que haya existido algún tipo de soborno en el contrato para la construcción del superviaducto entre Madame Lynch y Aviadores del Chaco, que fue adjudicada a Isolux, y prácticamente repitieron la misma defensa del MOPC en este caso.
Sin embargo, varias cuestiones quedaron en la nebulosa, ya que Jiménez Gaona no consultó en su intimación sobre los correos donde Dos Santos le involucró como el ministro conocido suyo “que puede modificar los pliegos de licitaciones o alterar los plazos para conseguir que Isolux no sea descalificada del concurso público”, que salió a la luz a través de una investigación de la Policía española.
El secretario de Estado tampoco consultó a Isolux sobre la relación de la firma con el político español Jordi Pujol Ferrusola, que fue el centro de la investigación porque habría cobrado comisiones por la adjudicación en Paraguay.
Livieres expresó: “Niego y rechazo rotundamente que la compañía que represento tenga algún tipo de acuerdo, de la naturaleza que fuere, con el ministro Jiménez Gaona ni con algún otro funcionario del MOPC. Asimismo, la empresa rechaza y desmiente enfáticamente cualquier publicación, manifestación o afirmación de irregularidades en su participación de la licitación”.
Aseveró además que Isolux participó de numerosas licitaciones de obras convocadas por Obras Públicas, pero que fue adjudicada en una sola. Aclaró que incluso en algunas licitaciones presentó la oferta con el mejor precio, pero que fue descalificada por no cumplir con el requisito técnico financiero.
También informó que Ernesto Manuel Dos Santos “tiene celebrado un contrato de prestación de servicios con el Grupo Isolux Corsán, cuya causa tiene su origen en la decisión de la empresa de venir al Paraguay a radicar inversiones, transmitir tecnologías y generar trabajo”.
Livieres aclaró que la actuación de Dos Santos “se enmarcó dentro de un contrato de prestación de servicios con el Grupo Isolux Corsán”, y que en función a esa contratación “desarrolla gestiones no solo ante las autoridades públicas competentes, sino también ante particulares, proveedores, profesionales, empresas constructoras, subcontratistas y terceros”.
RESPUESTA DE DOS SANTOS. “No tengo conocimiento y jamás participé o tuve algún tipo de acuerdo, de la naturaleza que fuese, con el ministro Ramón Jiménez Gaona o con algún funcionario del MOPC”, sostuvo Dos Santos.
Continuó: “Mi actuación se limitó y se circunscribió a prestar servicios en general por cuenta y orden del Grupo Isolux Corsán. En pago de los servicios prestados esa empresa me abonó los honorarios profesionales convenidos en legal y debida forma”.
El lobbista de Isolux también afirmó que jamás recibió “propuestas, pedidos o tan siquiera insinuaciones de arreglos o acuerdos de pago de comisiones de dinero para que beneficien a Corsán Corviam, ya sea por parte del señor ministro Ramón Jiménez Gaona o por parte de funcionarios del MOPC”.