“En Honduras y El Salvador, donde la violencia es enorme y están matando sin cesar a los activistas, la policía aceptó que las propias trabajadoras sexuales capacitasen a los agentes en materia de derechos humanos”, cuenta en una entrevista con Efe la presidenta de la única asociación que lucha por los derechos de estas mujeres en Panamá, Gladys Murillo.
Nicaragua es también otro buen ejemplo de lo que se puede alcanzar “si todas luchamos unidas”, añade la líder de la organización Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá (MDDP).
En abril de 2015, la Corte Suprema de Justicia de Honduras nombro a 18 trabajadoras sexuales facilitadoras judiciales, un figura legal creada para asesorar y mediar en un conflicto.
“Con esas acreditaciones, pueden entrar en los calabozos, ver cómo trataron a las compañeras, si las pegaron y pueden aconsejarlas en cómo denunciar”, explica Murillo en la sede de la MDDP, fundada en 2009 pero que no empezó a funcionar hasta hace un año y que está adscrita a la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex).
En Panamá, reconoce, el panorama es desolador y bien distinto: “Somos las más desprotegidas de toda la región. No sé que más nos tiene que pasar para que el director de la policía acepte de una vez por todas que sus agentes necesitan una capacitación y ver nuestra parte humana”.
Según Murillo, el más reciente incidente grave con las fuerzas de seguridad tuvo lugar la semana pasada, cuando tres mujeres fueron detenidas de manera supuestamente violenta por varios agentes cuando ejercían la prostitución en una céntrica plaza de la capital panameña.
Los policías las trasladaron a un calabozo cercano y, cuando pidieron ir al servicio y hacer una llamada, las golpearon y rociaron con gas pimienta, según cuenta Murillo, mientras muestra unas fotografías en las que se ve a una de las mujeres con grandes moratones en las piernas.
“Los que nos vapulean son luego los que solicitan nuestros servicios. En Panamá hay una doble moral muy fuerte”, reconoce la activista, y vuelve a repetir que la prostitución no es ilegal, al contrario del proxenetismo y la trata de personas, que sí están penados y son problemas que, en su opinión, el Estado parece “ignorar”.
Esta mujer menuda de ojos negros cuenta que el episodio que la convenció para luchar por los derechos de su gremio ocurrió en junio del año pasado, cuando varios agentes mantuvieron durante 18 horas esposada de pies y manos a una compañera embarazada de 8 meses.
El tema puso sobre el tapete los abusos policiales y las extorsiones que a menudo sufren las trabajadoras sexuales, y Policía Nacional citó a la organización para tratar de solucionar el problema.
“Les propusimos sensibilizar a sus agentes con charlas y talleres, pero lo único que nos dijeron es que nosotras no éramos profesionales, pero ¿quiénes mejor que nosotras para explicarles a los policías nuestra situación y nuestro mundo?”, se pregunta.
Descartada esta baza, el próximo objetivo de la asociación es convertirse en sindicato, expandirse por todo el país y trabajar en una ley para regularizar el trabajo sexual, una iniciativa que Murillo cree que causará toda una polémica en Panamá por el marcado sesgo conservador y religioso de la sociedad.
“Que las autoridades ignoren la existencia del trabajo sexual no significa que vaya a dejar de existir, y que nosotras hagamos un trabajo diferente al del resto de la gente tampoco implica que nos falten al respeto. La falta de regulación es la culpable de todas estas violaciones a los derechos humanos”, zanja sin mostrar un ápice de duda.
María M.Mur
