EFE
Según relata la Policía, el hombre que halló el cadáver vio una bolsa con sangre en el contenedor y en el interior de la misma estaba el bebé, unido al cordón umbilical y a la placenta.
En marzo pasado Amnistía Internacional (AI) denunció las trabas del marco legal que regula el aborto voluntario en Uruguay y, entre ellas, destacó el uso de la objeción de conciencia por parte de los médicos y los perjuicios que, según un informe presentado en ese momento, genera a las mujeres en esa situación.
La ley se aprobó en 2012 y el decreto que la reglamentó permite la objeción de conciencia de los galenos y del personal sanitario, pero limita su aplicación a la no prescripción del fármaco abortivo o a no realizar la interrupción del embarazo, aunque los obliga a participar en todos los procedimientos previos y posteriores.
Un dictamen del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló algunos artículos de ese decreto vinculados a la objeción de conciencia de los médicos, que ahora pueden negarse a participar en los procedimientos previos y posteriores.
“Este fallo afecta a la plena implementación de esta política publica”, aseguró a Efe en marzo la directora ejecutiva de AI en Uruguay, Mariana Labastie.