El fiscal de la causa indicó que se revisará la situación legal del Centro de Rehabilitación, que aparentemente no cuenta con la habilitación de la Dirección de Establecimientos Sanitarios del Ministerio de Salud.
Fuentes de la investigación mencionaron que el fallecido había salido de las instalaciones del centro por lo que fue capturado por la Policía y llevado de vuelta a la granja, esposado. Este hecho para el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) es una abierta violación a los derechos humanos, ya que no es un centro de reclusión.
En el 2016, el MNP ya había denunciado que en el centro se cometen violaciones a los derechos humanos. Tras esa denuncia, el lugar fue cerrado temporalmente a pesar que el organismo de derechos humanos había recomendado el cierre definitivo.
En ese entonces, un total de 31 personas recibían tratamiento en el lugar. Al día de ayer, la población aumentó a 38 pacientes.
Los internos no tienen libertad de decidir cuándo abandonar el tratamiento y son aislados en total estado de incomunicación por 45 días.
Los castigos incluyen la prohibición de recibir visitas o alimentos. Asimismo, cuando uno de los pacientes se escapa, los familiares deben pagar la suma de 500.000 guaraníes para el “rescate”, según informe que fue elaborado por el MNP, que menciona además que “el modelo de encierro en las circunstancias descriptas constituye, a criterio del MNP, una privación ilegítima de libertad y, a todas luces, tratos crueles, inhumanos o degradantes, contrarios a la dignidad humana”.
