El Ministerio Público actualmente investiga a más de 300 funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) por presunto cobro indebido de honorarios.
La pesquisa se inició con tres personas y se extendió a raíz de publicaciones periodísticas y la divulgación, por parte de la misma institución, de la lista de 283 funcionarios que quedaron desvinculados al implementarse el sistema de marcación de tarjeta, obligatorio para controlar la asistencia de los empleados.
La fiscala que está actualmente a cargo del caso, Claudia Morys, ya solicitó al TSJE que remita la lista de desvinculados para incluirlos en su investigación. Actualmente, la nómina llegó a los 300 despedidos, informaron.
“Caso por caso estamos analizando (...). Eso implica una exhaustiva investigación de información, atendiendo que el hecho es complejo”, expresó al respecto Morys.
“En ese sentido, comprende indagar y verificar punto por punto cada cuestión, y eso lleva su tiempo. La determinación se irá tomando a medida que se cierre la investigación a cada persona, y por los grupos de personas que podrían estar vinculadas”, añadió la agente fiscal.
La representante del Ministerio Público informó que solicitó informes a diferentes entidades, entre ellas a la misma Justicia Electoral, distintas empresas telefónicas y a la Dirección General de Migraciones.
Una de las aristas de la pesquisa es que algunos funcionarios estaban en el exterior los días en que supuestamente trabajaron, según sus planillas de asistencia. Este es el caso de Clara Haydée Silveira, quien realizaba continuos viajes al extranjero durante el tiempo que tenía que estar prestando servicios en la institución.
“La carpeta fiscal fue abierta de oficio, con la primaria investigación a Clara Haydée Silveira Arza, su hermana Gloria María Paz y a la madre de ambas, Ana Catalina Arza. Luego la causa se amplió con la investigación a más personas”, señaló la fiscala Morys.
Una recusación a 14 fiscales está pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema desde hace tres semanas.