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Política
lunes 17 de julio de 2017, 01:00

Investigación de nepotismo ahora está en manos de CGR

La investigación de casos de nepotismo por parte del senador oviedista Jorge Oviedo Matto depende ahora de la Contraloría General de la República (CGR).

El sábado, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Humberto Peralta, explicó que en la CGR están los datos de parentesco de todos aquellos funcionarios que hayan realizado su declaración de bienes.

En la opinión del ministro Peralta, esa información puede hacerse pública, de manera tal a realizar posteriormente un cruce de datos y determinar si se incurrió en nepotismo al contratar a las personas vinculadas al actual vicepresidente primero del Senado.

El mencionado legislador fue presidente del Senado y del Congreso entre los años 2011 y 2013, durante el gobierno de Fernando Lugo.

Oviedo Matto admitió haber contratado a tres parientes en el tiempo en que estuvo como titular del Congreso. Se excusó señalando que no cometió delito porque fue “a pedido de otros colegas”, y que ello se enmarcaba en el cupo de dos funcionarios que cada legislador puede meter en la función pública.

También argumentó que no hubo trasgresión de la ley que prohíbe el nepotismo, porque fue promulgada recién en el 2014.

Sin embargo, ya en el 2005 fue promulgada una ley antinepotismo. Esta fue aumentada y corregida en el 2012 cuando Oviedo Matto estaba al frente del Congreso, por lo que incluso lleva estampada su firma.

Peralta prometió investigar si hubo irregularidades en la contratación de 31 funcionarios, entre parientes y allegados del legislador oviedista.

Se trata de 24 en la Cámara de Senadores y 7 en otras instituciones estatales.

Por su parte, el senador Oviedo Matto prometió colaborar con la investigación de la SFP.

Sin embargo, existen precedentes de la negativa de colaboración del legislador oviedista para la investigación de casos similares, en el pasado.

Incluso, ante una orden judicial, en el 2012, el entonces titular del Congreso había contestado que toda la información estaba en la página web del Congreso, por lo que bastaba con ingresar a ella para corroborar los datos referentes a los funcionarios y a la propia Cámara.

Con ello eludió cumplir con claras disposiciones legales.