El escándalo internacional que provocaron los violentos sucesos en la noche del viernes 31 de marzo y la madrugada del sábado 1 de abril, tras la ilegal aprobación de un proyecto de enmienda para la reforma de la Constitución por parte de un Senado paralelo, con manifestaciones ciudadanas que derivaron en la toma y el incendio de la sede del Congreso Nacional, seguido de una respuesta fuertemente represiva y en parte criminal de la policía, ha generado que el Ministerio Público se apresure en dar señales para investigar y esclarecer lo ocurrido.
La tónica de las actuaciones fiscales sobre los dos hechos más graves, el ataque e incendio del Congreso por parte de manifestantes, y el ataque policial sin orden judicial a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), con el trágico asesinato del joven dirigente político Rodrigo Quintana, han tenido hasta ahora, sin embargo, dinámicas y enfoques muy diferentes, que refuerzan en la ciudadanía la sospecha siempre instalada de que el Ministerio Público y la Justicia no están siendo muy rigurosos en sus actuaciones, y que podrían estar respondiendo más a una venganza política de parte del poder.
Si bien es cierto que hubo una rápida imputación y prisión del suboficial Gustavo Florentín, principal acusado de haber asesinado con un disparo de escopeta con perdigones de plomo al joven dirigente liberal, las investigaciones parecen haberse estancado en ese punto, sin animarse a avanzar para esclarecer quién dio la orden de entrar sin orden judicial a la sede del más importante partido de oposición del país, y de cometer terribles violaciones de derechos humanos contra todos quienes se encontraban resguardados en el sitio.
Por el contrario, la propia cúpula policial y el Ministerio del Interior presentaron su versión de que Florentín, en forma solitaria, se escapó de su arresto disciplinario en la Comandancia y tomó un arma no autorizada para ir a atacar la sede del PLRA, pero múltiples grabaciones en video demuestran no solo que el suboficial estaba actuando orgánicamente en las acciones represivas en la plaza desde muy temprano, sino que el ataque a los liberales fue parte de una acción tipo comando, con la participación de varios escuadrones y altos jefes policiales. Mientras los medios de prensa han desmontado la versión oficial, la Fiscalía y la Justicia se muestran reticentes en imputarlos, con una actitud que parece más de complicidad y encubrimiento.
Es diferente la actitud en la investigación sobre el incendio del Congreso, ya que la Fiscalía procedió a imputar a 21 personas, varias de ellas conocidos dirigentes de la oposición, quienes aparecen reconocidos en videos grabados en el interior del edificio durante las acciones de destrucción e incendio, aunque en muchos casos las imágenes divulgadas no aclaren si tomaron parte en los desmanes o solamente acompañaron con su presencia.
La sensible diferencia en el tratamiento de estos dos casos enfatiza aun más la falta de credibilidad de la ciudadanía en las instituciones encargadas de investigar los casos de hechos punibles y de administrar justicia, principalmente en un momento sensible como el que estamos viviendo en estos días, debido a la crisis política. Es de esperar que los agentes del Ministerio Público y de la Justicia logren demostrar que su tarea es rigurosa y no una venganza política.
