La Presidencia panameña explicó en un comunicado que el Consejo de Gabinete aprobó anoche el establecimiento y operación “de una zona franca en el corregimiento de Pacora, provincia de Panamá”, a unos 40 kilómetros al este de la capital.
La resolución establece que la creación de esta zona franca, que estará a cargo de la sociedad Consorcio Industrial de las Américas, S.A. (COINLA) y generará unas 6.000 plazas de empleos directos para personal obrero en general, mecánicos, electricistas, ingenieros y otros empleos indirectos, se hará conforme a los requisitos, condiciones, ventajas, incentivos y disposiciones legales.
El documento detalla que “esta sociedad anónima debidamente inscrita en la sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público de Panamá, formalizó a través de su representante legal, solicitud ante el Ministerio de Comercio e Industrias para establecer, en su condición de promotor, una zona franca en Pacora”.
No se precisó si el capital es panameño o del extranjero.
Por su parte, el ministro panameño de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, explicó que para el desarrollo de la zona franca COINLA proyecta una inversión de 230,5 millones de dólares.
Detalló que para la construcción de la infraestructura se destinará 50,3 millones de dólares y otros 180,2 millones de dólares para el desarrollo del negocio.
Arosemena dijo que COINLA “prevé el establecimiento de 250 empresas dentro de la zona franca, cuyas actividades sean manufactura, servicios logísticos, empresas de servicios, alta tecnología y ensamblaje, entre otros”, añade la Presidencia.
Recuerda que el establecimiento de este tipo de negocios es regulado por la Comisión Nacional de Zonas Francas, creada en la Ley 32 de 5 de abril de 2011, que contempla que pueden ser privadas, estatales o mixtas.
De acuerdo con la ley, el promotor tiene un año para iniciar las obras, contado a partir de su inscripción en el Registro Oficial de Zonas Francas y contratar personal nacional y extranjero conforme a las normas laborales vigentes en Panamá, entre otras obligaciones.
El régimen fiscal para estas zonas exime del pago “de todo impuesto directo e indirecto, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes nacionales” y además “están exoneradas del impuesto sobre la licencia de operación”, precisa la ley.
Las empresas que se benefician de ese régimen sí están obligadas al pago del Impuesto sobre la renta e impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios sobre las operaciones locales de arrendamiento y subarrendamiento.
Además, el 5 % de impuesto de dividendos o el 2 % de impuesto complementario en caso que no haya distribución de utilidades, también el impuesto anual del 1 % del capital de la empresa, el impuesto selectivo al consumo de ciertos bienes y servicios, el Fondo Especial de Compensación de Intereses y las cargas laborales.
