Los participantes de la primera convención internacional de soja en nuestro país han puesto los puntos sobre las íes al referirse a uno de los talones de Aquiles de la promoción de inversiones en el Paraguay: la inseguridad jurídica.
Si bien la preocupación de los empresarios iba dirigida a aspectos puntuales que les atañe directamente y van vinculados sobre todo al usufructo de la tierra, lo que han recordado es oportuno para insistir en que el problema de la seguridad judicial no es un problema menor cuando se trata de radicar inversiones de cualquier naturaleza en un país.
Será siempre oportuno recordar que quienes poseen dinero para invertir no son filántropos ni pertenecen a organizaciones de caridad que arriban al tercer mundo para cumplir una misión de solidaridad social. Son personas cuyo interés se centra única y exclusivamente en multiplicar su dinero a través de actividades que les aseguren un razonable porcentaje de rentabilidad en el menor tiempo posible.
Por lo tanto, la certeza de que puedan dedicarse sin trabas a su actividad productiva –sea en el rubro de la producción primaria o en el sector industrial– es una condición indispensable para sus emprendimientos.
La seguridad jurídica, entonces, se convierte para ellos en una alta prioridad por cuanto que es en el seno del sistema de Justicia donde tendrán que resolver cualquier situación conflictiva que pudiese aparecer en el transcurso del tiempo.
Si el país carece de esa garantía, la respuesta de los empresarios es sencilla: buscan lugares más amigables y seguros donde sus fondos van a estar protegidos por estructuras judiciales consolidadas al servicio de las leyes y de los ciudadanos.
Así como los capitales serios huyen de las zonas de amenaza a sus intereses, los informales –los que buscan pescar en río revuelto porque ya lo han hecho en otras ocasiones y en otros país saliendo bien parados– buscarán venir al país porque saben que aquí la corrupción ofrece un terreno abonado para sacar ventajas a través de operaciones irregulares.
En nuestro país, los administradores de Justicia no ofrecen ninguna garantía hoy. El nuevo intento de enjuiciamiento a algunos miembros de la Corte Suprema evidencia y ratifica la fragilidad de esa institución.
Ese rasgo es solamente parte de un Poder Judicial incapaz de ofrecer habitualmente la garantía de que en un juicio primarán las disposiciones de las leyes, sin manipulación alguna a partir de coimas o amistades.
Es obvio que hace falta no solamente cambio de ministros en la máxima instancia jurisdiccional de la República, sino una reforma completa del Poder Judicial.
Cuando ello ocurra, el capital tendrá la seguridad de que su derecho será respetado y de que los aventureros que llegan para sacar provecho a través de actos ilegales serán castigados.
