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Editorial
lunes 24 de abril de 2017, 02:00

Inversión pública requiere eficiencia y transparencia

Paraguay está aumentando el esfuerzo fiscal en materia de inversión pública y con financiamiento externo. Es decir, se está endeudando para aumentar la infraestructura disponible en el país. Esto implica que transferiremos a otras generaciones los costos de esta inversión. Desde esta perspectiva, no solo es importante aumentar los montos invertidos, sino también garantizar la eficiencia y calidad. El Gobierno debe impulsar los mecanismos necesarios y una institucionalidad adecuada para maximizar el beneficio social de los recursos invertidos.

El esfuerzo por aumentar la inversión pública no debe centrarse solo en el incremento de los recursos financieros destinados a financiarla, sino también a garantizar el menor costo posible con altos estándares de calidad.

El logro de estos objetivos exige planes de inversión con una clara identificación de las necesidades, herramientas de análisis y evaluación, capacidades de fiscalización, normas para evitar y penalizar los conflictos de intereses y el tráfico de influencia, así como el incumplimiento de contratos y procesos de presupuestación por resultados.

Obviamente, esto no se puede lograr sin un plantel de funcionarios públicos bien capacitados y comprometidos con la gestión pública y no con intereses particulares o débiles ante la presión de grupos de interés.

Muchas de las obras inauguradas enfrentan deficiencias evidentes desde el diseño mismo, lo que exige posteriores ajustes que a su vez representan sobrecostos.

Esto no solo afecta a la eficiencia y calidad, sino también a la transparencia, ya que finalmente queda la duda del costo final de la obra.

Avanzar en eficiencia y calidad de la inversión pública exige no solo capacidades institucionales para el diseño, la implementación y la evaluación de las obras realizadas, sino también la provisión de información de manera sistemática y oportuna acerca del destino de los fondos de manera a generar mayores niveles de confianza ciudadana.

El Gobierno debe tener claro que, así como está la estructura tributaria y el nivel de endeudamiento actual, el esfuerzo por el financiamiento de las obras recaerá desproporcionadamente en quienes menos reciben los beneficios de la infraestructura.

Este no es un problema menor, siendo el país uno de los más desiguales de América Latina y con los peores indicadores sociales de la región.

El mayor endeudamiento debe contribuir a financiar obras que modifiquen la trayectoria del crecimiento económico y se impulse el desarrollo.

El país necesita infraestructura que transforme la matriz productiva hacia una que impulse un crecimiento económico menos volátil y sostenible en el tiempo y genere empleos de calidad y mejorías en los ingresos en todos los niveles socioeconómicos.

Ante la escasez de recursos, que se agrava con una ralentización del crecimiento económico, se hace cada vez más necesario darle el mejor uso posible a los recursos disponibles. El país debe ser capaz de aumentar la inversión al menor costo y con la mayor calidad.

El Gobierno debe demostrar fehacientemente que el Presupuesto está siendo utilizado óptimamente, construyendo obras sin sobrefacturaciones, altos niveles de calidad y pertinentes para transitar hacia el desarrollo.