Gran parte de la deuda es considerada espuria, ya que son con empresas vinculadas a las dos sociedades anónimas que la administraron en diferentes momentos.
Un 40% corresponde a supuestas deudas con firmas vinculadas al empresario Sergio Tasselli, quien administró la acería desde que fue privatizada por ley en 1997, a través de la firma Cerro Lorito SA, y accionista mayoritaria (66%) del consorcio que la compró.
Hay que recordar que el Consorcio Cosipar, integrado en otro 33% por trabajadores de la siderúrgica nunca abonó la última cuota de los USD 35 millones que se pactó.
El segundo acreedor más importante que reclama G. 33.301.000.000 (14% del total) es Inversiones Siderúrgicas -Insid SA, grupo de cuatro empresas nacionales que adquirieron en abril del año pasado la totalidad de las acciones de Cerro Lorito SA.
Conforman la sociedad son Chacoré SA, Hierropar SA, JC Construcciones SA, Juvencio Antonio Aranda Charruff, Ángel Tito Aranda Charruff, Diego Horacio Rienzi Zarza y Geert Koops.
El juez del Octavo Turno, Agustín Cáceres Volpe, aceptó el pedido de convocatoria de los acreedores y debe analizar la deuda.