“El informe de la auditoría (del Poder Ejecutivo) nos llegó el 3 de agosto. La auditoría le sugiere un plan de mejoramiento a la Policía Nacional y le da un plazo de 30 días hábiles, que aún no se cumplió. Estamos esperando el plan de mejoramiento y luego enviaríamos al Ministerio Público”, explicó días atrás Ángeles Arriola, directora de Anticorrupción del Ministerio del Interior.
La auditoría del Poder Ejecutivo señala que 17 policías del departamento de Auditoría Interna de la Policía cobraron irregularmente más de G. 30 millones en octubre del 2015 en concepto de gratificaciones por servicios especiales (rubro 137).
Este rubro, dice la auditoría, está destinado a policías en “comisión de servicios en bancos o entidades públicas”, de acuerdo con el decreto reglamentario de la ley de presupuesto de 2015.
En su descargo a la auditoría, la Policía defendió los pagos señalando que el mismo decreto, al mencionar el rubro 137, incluye a policías “por labores y responsabilidades vinculadas a control, verificación, vigilancia, custodia o protección de personas y bienes muebles e inmuebles de la institución”.
En ese sentido, Lourdes Irala, jefa de la división de Presupuesto de la Policía, sostuvo que los policías y funcionarios de Auditoría Interna realizan trabajos de control y verificación de bienes de la Policía.
Técnicos presupuestarios de otras instituciones afirmaron que se trata de una interpretación “forzada” del decreto reglamentario, ya que el objetivo inicial era que policías comisionados a otras entidades y cuyos labores están vinculados a “verificación y control” de bienes puedan cobrar la gratificación.
Auditoría del Poder Ejecutivo además cuestionó que 17 policías y funcionarios del departamento de Auditoría Interna hayan cobrado este rubro dentro del programa Equipamientos para la Policía Nacional. Sin embargo, mencionó la institución que depende de la Presidencia, solo un funcionario realiza el trabajo de control dentro de este programa presupuestario.
La Dirección Anticorupción y la Dirección de Auditoría del Ministerio del Interior advirtieron que el caso podría caratularse como cobro indebido de honorarios, un hecho punible que puede ser penado con hasta dos años de cárcel o una multa.
