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Política
viernes 23 de septiembre de 2016, 01:00

Intentan trasladar responsabilidad a ONG

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) señala que “cumple estrictamente su rol misional” y que no apañará irregularidades de oenegés en la construcción de sistemas de agua potable.

Este boletín de prensa del ente aparece ahora, tras algunos llamativos hallazgos de la Fiscalía en allanamientos a distintas oenegés.

Por ejemplo el lunes, una comitiva fiscal verificó en la ciudad de Coronel Oviedo, que la oenegé Acción, adjudicada con sumas millonarias en el negocio de los pozos, funciona en una bodega.

La semana pasada, en la ciudad de San Lorenzo, la Fiscalía tenía previsto allanar la oenegé Reseda Poty, pero en la dirección declarada para el negocio con el Indert, solo encontraron un motel.

Las oenegés Ñepytyvõ y Esperanza-Hambre Cero, por ejemplo, funcionan en un mismo edificio en la ciudad de Coronel Oviedo.

No solo comparten el edificio. La relación es tal entre ambas organizaciones, que el presidente de Esperanza- Hambre Cero, Derlis Riveros, es síndico de Ñepytyvõ.

La oenegé Ñepytyvõ es presidida por el señor Hilarión Aguilar, quien de acuerdo con la investigación fiscal, también ocupa un cargo en la organización de Derlis Riveros.

Según manifiesta la institución, los datos consignados en los contratos por parte del representante legal de cada oenegé, tienen carácter de declaración jurada, “y si los datos proporcionados no se ajustan a la realidad, los directivos de las organizaciones deberán responder ante la Justicia por cualquier eventual hecho punible, como sería la producción de documentos públicos de contenido falso”.

La gacetilla de prensa de la institución señala que la actual administración denunció ante la Fiscalía las presuntas multimillonarias irregularidades detectadas en el uso de los fondos del FIDES por las oenegés durante gobiernos anteriores, y que no dudará en volver a hacerlo.

El Indert entregó siderales sumas de dinero a oenegés que a su vez subcontrataron a empresas “constructoras”, en su mayoría de reconocidos políticos, para la realización de las obras de sistema de agua en distintas comunidades del país.