Sin embargo, hay intendentes que en los pasados comicios generales presentaron renuncias a sus cargos para postularse a bancas en el Congreso. Tales son los casos de los intendentes de Yby Yaú (Departamento de Concepción), Villa Florida (Misiones), Ñemby (Central), Curuguaty (Canindeyú) y José Leandro Oviedo (Itapúa).
La ley establece que si los titulares de los ejecutivos comunales renuncian antes de que se cumplan los tres primeros años de su gestión, la autoridad electoral está obligada a organizar nuevos comicios.
Ante esta situación, el TSJE convoca a nuevas elecciones para el 8 de setiembre en los municipios citados, con el propósito de elegir en las urnas a los sucesores de los que renunciaron. Por lo tanto, esa institución está obligada a organizar el proceso que desemboque en la votación y a solventar los gastos que ello conlleva.
A pesar de que la situación creada se enmarca dentro de lo que mandan las leyes, es evidente que no resulta saludable para la salud de los gobiernos locales. A un intendente se lo elige para un periodo completo de gobierno por determinadas cualidades, promesas hechas a los electores y con la esperanza de que su gestión implicará un mayor bienestar para los que viven en sus municipios.
Si en algún momento de su gestión cambia de ambiciones políticas y se postula para otros cargos presentando su renuncia, traiciona la voluntad popular y envía a sus electores el mensaje de que su decisión no ha servido para mucho. Es una falta de respeto a los que confiaron en que iba a hacer un buen gobierno dentro de la comunidad.
Aun cuando las normas permitan dar la espalda a la voluntad popular, no es menos cierto que la clase política en el poder es la que aprueba ese tipo de actitudes al incluirlos en sus listas de aspirantes al Parlamento. Si las cúpulas partidarias hubiesen impedido esa práctica a sus correligionarios, hoy el TSJE no se hubiera visto forzado a desembolsar dos veces fondos para comicios en un mismo municipio.
Al haber dos intendentes en un periodo, se desnaturaliza el sistema democrático, que otorga un tiempo razonable a cada administrador para que ejecute sus proyectos de gobierno.
La realidad de los intendentes que estafan a sus electores debe llevar a pensar en la modificación de las normas, para impedir que continúe la práctica de ser electo como intendente y renunciar luego para correr detrás de otro cargo.
