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Nacional
jueves 18 de agosto de 2016, 08:04

Intendente de Lambaré asegura tener documentos para justificar su administración

El intendente de Lambaré, Armando Gómez, aseguró tener documentos para respaldar su administración comunal y justificar los gastos. La Junta Municipal de esa localidad aprobó el pedido de intervención a la comuna por supuestas irregularidades.

La Junta Municipal de Lambaré aprobó la intervención en la comuna con los votos de seis concejales colorados y un liberal. Son trece los puntos cuestionados a la administración del jefe comunal de extracción liberal.

Para Gómez, la intención de los ediles es sacarlo de la administración municipal, para luego ubicar en el cargo a una persona afín a ellos.

Calificó de un circo esa situación y lamentó la decisión de los concejales. "Siete concejales se ponen de acuerdo para quitarle a alguien y que otro entre por la ventana", criticó en la 780 AM.

No obstante, aseguró tener documentos que respaldan su gestión al frente del municipio y justifican los gastos realizados.

Posteriormente, denunció que recibió una comuna esquilmada a raíz del déficit presupuestario existente. Recordó que encontró una institución sin recursos y con una deuda acumulada de alrededor de G. 49.000 millones.

Uno de los hechos más cuestionados por los concejales es la presunta sobrefacturación de obra de recalce y construcción del muro del puente sobre la calle Vencedores. Supuestamente, el sobrecosto asciende a la suma de G. 958.483.000.

Además, dentro del detalle de acusaciones se expresa que, pese a ser presupuestado el aumento del 10% del sueldo a personal, la Comuna no pagó tal beneficio desde enero a marzo.

Argumentan también "la mala utilización del rubro 8710 de transferencia de capital al sector privado", en lo que concierne a Comisiones Vecinales, y que asciende a G. 2.611 millones. Igualmente, hablan de contratos por excepción (por valor de G. 3.272 millones y por vía directa (G. 1.170 millones) que fueron objetados.

El pedido de intervención pasa a instancias del Ministerio del Interior y, tras su dictamen, se enviará los antecedentes a la Cámara de Diputados, la que finalmente resolverá o no la intervención del municipio.