Gómez indicó que se trata de una persecución política de la ANR que no quiere respetar los votos de la ciudadanía y aseguró que no hay ningún hecho de corrupción. Anunció que si no se da un estudio objetivo en la Cámara Baja, recurrirá a las instancias internacionales denunciando atropello a la democracia.
Tomás Rivas, quien preside la comisión especial que analiza el pedido, anunció que el próximo martes se tendrá un dictamen sobre este tema.
Uno de los puntos más discutidos tiene que ver con la presunta sobrefacturación en la construcción de un muro. El intendente indicó que la Dirección de Contrataciones aprobó y certificó todo el proceso del llamado. Se habla de una sobrefacturación de más de G. 364 millones y el intendente sostuvo que el peritaje “burdo” fue pagado por los concejales.
Otro punto que figura en el pedido hace referencia a la provisión de plásticos para licencias y habilitaciones por la empresa Ticsa, la cual reclamó el pago de la deuda a la Junta Municipal.
Tanto el intendente como el diputado liberal Sergio Rojas denunciaron que el documento de la Contraloría que supuestamente avala un hecho de corrupción, contra Gómez, no es oficial, ya que no cuenta con la firma del contralor, por lo que se pedirá un informe a la institución sobre el punto.
Rojas señaló que se trata de un informe interno y no existe una resolución de auditoría del puente y se trataría de un pago de favores del ex contralor Roy Rodgers.
