Instructoras del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) habían presentado una nota al presidente Horacio Cartes denunciando una serie de irregularidades que se da en la institución que está a cargo de Esmilce Concepción Bobadilla, quien también es presidenta de la seccional colorada de Limpio.
Pese a que Cartes había prometido que iba a “cortar la mano a los ladrones”, la denuncia presentada ante la Fiscalía contra la presidenta del IPA no tuvo respuesta en este caso.
Norma Martínez, funcionaria e instructora de la institución, fue la que presentó la acción contra Bobadilla. La misma se ratifica en que siguen las irregularidades principalmente en el manejo de recursos públicos.
Entre la serie de denuncias realizadas aparece el uso discrecional de combustible por parte de la presidenta del IPA y dirigente colorada.
En la carpeta fiscal, en la que fue denunciada por lesión de confianza, consta que además de percibir un salario superior a 30 millones de guaraníes, “carga diariamente combustible a su rodado en tanque lleno totalizando la suma de 4.250.000 guaraníes mensuales.
El documento señala que la presidenta del IPA posee 2 tarjetas de Petropar a los efectos de la carga de combustible. “Tomaremos de ejemplo en noviembre de 2015, donde contamos con 16 boletas de cargas firmadas y aclaradas de puño y letra de la señora Esmilce Bobadilla. La carga de combustible que no se trataría de otra cosa que de la presunta efectivización de la misma, se ejecutaría de forma similar como lo ocurrido en la Policía Nacional o en la Vicepresidencia de la República”, refiere la denuncia.
Además, hablan de que en la institución se realizó la Expo Indígena en el 2015. Para tal efecto contrataron los servicios de la empresa Warehouse por la suma de 90 millones de guaraníes. Sin embargo, denunciaron que durante esta actividad utilizaron la infraestructura de la institución, entre ellos toldos, mesas, sillas y ropas de mesa, pese a que supuestamente pagaron por los servicios a una empresa.
transferencias. En el anexo de documentos presentados aparece una lista de organizaciones civiles que recibieron fondos del IPA, la mayoría de ellas destinadas para capacitación. En total, desembolsaron 630 millones de guaraníes.
Las instructoras cuestionan que los recursos sean destinados a una misma organización y se dejen de lado a otras que están trabajando. Hablan de que no cuentan con el informe de rendición de cuentas de los gastos.
Además de la carta presentada al presidente de la República, las instructoras también hicieron lo mismo ante el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite. “Siendo el Ministerio de Industria y Comercio, el enlace orgánico con el Poder Ejecutivo, hemos considerado una obligación nuestra, con el ánimo de asumir la transparencia administrativa”, manifestaron.
