Consideraron los hechos como un atropello a la legalidad e institucionalidad, una escalada que marca el más alto pico, hasta hoy, de la virulencia en la discusión a propósito de la modificación de la Constitución por la vía de la enmienda o de la reforma para posibilitar la reelección presidencial.
“Lo ocurrido no es sino una expresión de barbarie, jamás de un estado de derecho. Y frente a ello, no puede ser válido el argumento de que ya en el pasado hayan ocurrido cosas comparables”, indicaron.
Señalaron que los actos ilegítimos pasados no pueden ser invocados como fundamentos y que no registran otra actuación con semejantes grados y formas de violencia, agresión, e irrespeto absoluto a sus propias autoridades.
“Hacemos un llamado a todos los protagonistas de los lamentables hechos de ayer, para que retomen el sendero del diálogo y los acuerdos para la gestión de la cosa pública, encaminados a alcanzar el bienestar y el progreso de toda la nación”, expresaron, al tiempo de también llamar a la ciudadanía a estar atenta.