La crisis política desatada alrededor del proyecto de enmienda de la Constitución nos genera una profunda preocupación respecto al futuro de nuestro país, por el impacto negativo que puede tener en su desarrollo, dependiendo de cómo vayan evolucionando los acontecimientos en los próximos meses.
En las últimas décadas, los economistas expertos en el desarrollo económico y social de los países han enfatizado acerca de la importancia de la calidad de las instituciones políticas y económicas, como los determinantes fundamentales del desarrollo de los países, por encima de otros factores. En un artículo que escribí en junio del 2014 me referí al libro Por qué fracasan los países, de Daron Acemoglu y James Robinson. En ese libro, ellos exponen claramente que aquellos países que han alcanzado altos niveles de desarrollo económico y social son los que diseñaron un sistema político pluralista, que garantice una amplia participación y distribución del poder entre los miembros de la sociedad.
Eso les permitió implementar sistemas económicos inclusivos con incentivos adecuados para que sus ciudadanos estudien, trabajen, ahorren, inviertan, y de esa forma progresen, incrementando al máximo su capacidad creativa.
Las instituciones, desde el punto de vista de los economistas, son el conjunto de reglas de juego en las cuales nos ponemos de acuerdo los ciudadanos de una nación para regular nuestra conducta y nuestro comportamiento, con el objetivo de alcanzar el bien común para todos.
Estas reglas de juego buscan limitar los poderes individuales para evitar que aquellos con más poder político y/o económico puedan abusar de su posición y aprovecharse de los más débiles.
La Constitución Nacional es, sin duda, el principal instrumento donde se plasman estas reglas de juego que nos autorregulan y de la cual derivan todas las demás leyes y reglamentaciones que constituyen el marco institucional dentro del cual cada uno de nosotros puede desarrollarse libremente en todo su potencial.
Sin embargo, estas reglas de juego solo son creíbles y generan confianza si ellas son respetadas y cumplidas estrictamente por todos los ciudadanos.
La principal responsabilidad recae en los líderes y más aún en aquellos que detentan el poder económico y político de una nación.
Si los líderes respetan estrictamente las reglas de juego incorporadas en la Constitución y sujetan a ella su comportamiento, entonces estas reglas generarán confianza y credibilidad en toda la ciudadanía.
De otra manera, como ocurre en nuestros países, lo que la sociedad percibe es que las reglas se aplican con todo el rigor para los débiles, pero los que detentan el poder están por encima de ellas y no se sienten en la obligación de cumplirlas. Una situación como esta solo puede llevar al caos y a la desintegración de la sociedad, como ha ocurrido en varios países en el mundo.
Por otro lado, las reglas necesitan estabilidad en el tiempo para dar a los ciudadanos el horizonte adecuado que les permita tomar decisiones relevantes de largo plazo. Por otra parte, estas reglas también necesitan ir actualizándose y adecuándose a las situaciones cambiantes que la misma sociedad va experimentando.
Sin embargo, estos cambios en las reglas de juego, para tener legitimidad frente a todos los ciudadanos, deben realizarse con base en un método que garantice un amplio debate y participación ciudadana y dentro del propio marco previsto en ellas para su revisión. En este sentido, el proceso que se siga para la modificación de la Constitución Nacional es determinante para su legitimidad ante la ciudadanía.
Finalmente, lo que hace diferente a un país desarrollado es que sus líderes políticos, económicos y de la sociedad civil sujetan su conducta y comportamiento a las reglas de juego vigentes, lo cual les da credibilidad ante sus ciudadanos.
En momentos como el que vivimos en nuestro país, los líderes debemos hacer la diferencia, respetando la Constitución por más que represente un límite para nuestros intereses particulares.
