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Opinión
martes 7 de marzo de 2017, 02:00

Inseguridad jurídica

Por Enrique Vargas Peña
Por Enrique Vargas Peña

Los sucesos en la Gobernación de Guairá, donde el Grupo Cartes hace que jueces serviles hagan valer una renuncia que su supuesto autor niega públicamente, para destituir a Rodolfo Friedmann al margen de la ley, son la continuidad lógica del proceso de degradación institucional alentado por Horacio Cartes usando los poderes de la presidencia de la República.

Cartes puede hacerlo porque su organización, el Grupo Cartes, no es democrática y funciona según el principio de obediencia. Es un partido totalitario a todos los efectos prácticos.

Cartes empezó la destrucción del estado de derecho con el restablecimiento de la participación militar en materias de seguridad interior, mediante la Ley 5036/13, restaurando el lineamiento central de la "doctrina de seguridad nacional": La existencia del "enemigo interno".

Aprovechó esto para restablecer también la autonomía policial ante el poder civil, como ocurría en la época de Alfredo Stroessner. Cartes puso a la Policía bajo la férula de sus gerentes.

Siguió con la aprobación de la inconstitucional Ley de Alianza Público-Privada que concentra en el presidente funciones que son privativas del Congreso, otorgar concesiones, la 5102/13, específicamente su artículo 52.

Su ministro Santiago Peña, desde aquel entonces, proclama la necesidad de reducir los poderes contralores del Congreso en beneficio del Ejecutivo como había hecho José Félix Estigarribia.

Pasó luego a impulsar la violación de nuestra Constitución tratando de imponer su perpetuación y la afectación del equilibrio de poderes por vía de la enmienda, con la alianza de dos oportunistas, Blas Llano y Fernando Lugo, quienes confesaron que la conveniencia coyuntural era suficiente para violar la Carta Magna.

Fue música para los oídos de Cartes, cuyos adláteres Lilian Samaniego, Darío Filártiga y los demás casi sin excepciones se apresuraron a emular a Llano y Lugo para decir que la conveniencia vale más que las leyes.

En ese momento implementaron el FALSIFICATÓN, fraude con el que comprometieron el prestigio del sistema de Justicia Electoral para lograr la perpetuación de Cartes, el principal beneficiario de este timo.

Después vino, acorde con su filosofía, la decisión del ministro de Hacienda de legislar vía decreto cambios en la Ley de Impuesto a la Renta Personal, que pasa con el decreto 6560/16, sin aprobación del Congreso, de ser un impuesto regularizador a ser uno recaudador, además de otras violaciones constitucionales que contiene.

Enseguida siguió el veto total del Presupuesto 2017 para evitar que el Congreso fiscalice el endeudamiento e, inmediatamente, la certeza constitucional, acuerdo y sentencia Nº 81, con la que unos ministros serviles y filosóficamente autoritarios, pretenden avalar la reducción a la insignificancia del Poder Legislativo.

Y finalmente el asalto a la Gobernación de Guairá, donde se violan los procedimientos requeridos para destituir a un gobernador y se los reemplaza por falsificaciones y golpes de mano, para amedrentar a todos los gobernadores y a todos los intendentes de nuestro país que se atrevan a cuestionar a Cartes.

En nuestro país, el estado de derecho está bajo ataque, nuestra seguridad jurídica hoy no es diferente que la de Nicaragua o Zimbabwe, donde la vida y la hacienda de las personas están a merced de los presidentes de turno.

Y el Grupo Cartes quiere que, encima, se le agradezca porque en vez de seguridad jurídica, libertad, Constitución y derechos, construyó un viaducto y dos rutas de mala muerte.