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Sucesos
domingo 17 de julio de 2016, 01:00

Inmueble de Marina Cué: 12 años de litigio y 49 años de desidia del Estado

Fue donado en 1967, pero ningún gobierno ordenó la titulación de las tierras hasta el 2004. Tras años de litigio en los que el Estado sostuvo que era dueño, en 2015 se aceptó la "donación" de Campos Morombí.

Ante un pedido de arrendamiento de la Armada, en 1967 La Industrial Paraguaya SA (Lipsa), dueña de latifundios en todo el país, donó al Estado paraguayo un inmueble de unas 2.000 hectáreas en Ybyrá Pytá, distrito de Curuguaty. Casi medio siglo después, 11 campesinos y 6 policías murieron en un operativo fiscal policial para desalojar a los ocupantes de aquella propiedad.

Desde la dictadura de Alfredo Stroessner, que aceptó mediante un decreto la donación, hasta los distintos gobiernos de la transición democrática, el Poder Ejecutivo nunca ordenó la titulación de las tierras a nombre de una institución del Estado.

Recién en el 2004 Nicanor Duarte Frutos dispuso que el inmueble sea destinado a la reforma agraria y sea inmediatamente transferido al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

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Cuando la institución inició los trámites de titulación, la empresa Campos Morombí, del difunto político colorado Blas N. Riquelme, en el 2006 presentó una demanda por usucapión contra La Industrial Paraguaya.

El argumento de la empresa es que ocupó por más de 20 años el terreno sin interrupción. Si bien la usucapión no puede realizarse contra inmuebles del Estado, según establece la ley, el título seguía a nombre de Lipsa.

La empresa respondió la demanda señalando que las tierras fueron donadas al Estado y que la Armada Nacional ya hizo posesión de la fracción donada, por lo cual la Procuraduría General debería tener intervención en el proceso. De hecho, las tierras son conocidas como Marina Cué porque fueron ocupadas por la Marina hasta el 2004, según campesinos de la zona.

Finalmente, el mismo año el juez Carlos Goiburú hizo lugar a la usucapión a favor de Campos Morombí y aclaró que la mensura de la finca usucapida solo encontró 1.748 hectáreas.

Al año siguiente, la Procuraduría presentó un incidente de nulidad de actuaciones en juicio porque el juzgado no dio intervención al Estado. En el 2008 se rechazó el incidente y luego la Procuraduría desistió. A pesar de esto, las tierras siguieron tituladas a nombre de Lipsa, debido a un error en la usucapión sobre la finca en cuestión. En el 2009, el juez José Benítez rectificó la sentencia, corrigiendo el número de finca.

Mientras tanto, el Indert como la Procuraduría iniciaron nuevas acciones judiciales para anular la usucapión. En abril del 2014 la Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de la firma Campos Morombí, en contra de una resolución del juez Miguel Ángel Rodas, en una acción autónoma de nulidad del Indert.

Con esto, el juez debe resolver la cuestión de fondo: si la usucapión es legal al no habérsele dado intervención al Indert.

Alberto Alderete, ex presidente de esta institución, explicó que desde entonces no hubo avances en la causa.