El presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, indicó en rueda de prensa que el material electoral, empaquetado, será trasladado a cada una de las 24 direcciones provinciales del país, bajo una cadena de custodia a cargo de personal de las Fuerzas Armadas.
Pozo señaló que la fase de distribución de material empezará por las provincias de la región amazónica como Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pastaza y que luego se extenderá a todo el país, para completar este proceso hasta el 18 de febrero.
El traslado estará resguardado por 1.700 miembros de las Fuerzas Armadas, insistió Pozo al precisar que “los camiones que llevan el material cuentan con cámaras de vigilancia, con rastreo satelital, para garantizar la seguridad en el proceso”.
Juan Carlos Puente, de la firma Montgar, encargado del traslado, señaló en la misma rueda de prensa que 40.971 paquetes electorales se distribuirán en el país.
Agregó que hay un total de 64.134.640 papeletas, incluidas las de la consulta popular impulsada por el Ejecutivo contra los paraísos fiscales.
William Aragón, director del Instituto Geográfico Militar (IGM), organismo encargado de elaborar las papeletas de votación, señaló que el pasado 3 de febrero concluyó el proceso de impresión de los documentos electorales.
“Hemos cumplido con este servicio democrático y cumplido la misión con la ciudadanía”, agregó Aragón.
El titular del CNE señaló que, en un trabajo conjunto entre el Consejo y el IGM, “ha culminado con éxito la impresión de las papeletas con altos estándares de seguridad”.
Recordó que este es el segundo traslado de material electoral que se efectúa, ya que el pasado 28 de enero se hizo una primera distribución de material electoral a las juntas electorales en el exterior, donde se encuentran registrados 378.292 votantes.
El próximo 19 de febrero, 12,8 millones de ecuatorianos están facultados para elegir al futuro presidente de la República, 137 integrantes de la Asamblea Nacional (Legislativo) y cinco miembros del Parlamento Andino.
Además, se votará una consulta popular impulsada por el Ejecutivo, que busca prohibir a los servidores públicos tener dinero o bienes en paraísos fiscales.
