28 mar. 2024

Ingeniería de la UNA, contra Añá Cuá

Paraguay debe seguir reivindicando el pleno cumplimiento del Tratado de Yacyretá, según conclusión del Centro de Docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que plasmó en un comunicado los puntos relevantes sobre la licitación en curso del proyecto Añá Cuá.

Negativa.  Docentes de Ingeniería UNA rechazan licitación.

Negativa. Docentes de Ingeniería UNA rechazan licitación.

El proyecto “no respeta el Tratado de Yacyretá, que ha sido violado sistemáticamente por los argentinos ante la impasible e inexplicable actitud de las autoridades paraguayas, cuya línea negociadora se mantuvo invariable para convertir a Yacyretá en una central binacional al servicio de los intereses de grandes empresas argentinas”, destaca el documento.

Según el cuerpo docente, son irrefutables la deuda cero desde el año 2014, cuando concluyó la vigencia del Anexo C; además de la plena soberanía de Paraguay sobre su energía para exportarla a terceros países; el precio justo por su energía cuando exporta a la Argentina y la terminación de obras faltantes, como el ferrocarril; entre otros.

En el documento, los profesionales expresan que la construcción del proyecto Añá Cuá le priva al Paraguay de tener un instrumento de negociación para exigir a Argentina el cumplimiento de todos los puntos antes citados, así como poder exigir el pago de lo adeudado a nuestro país en “compensación por territorio inundado a causa del represamiento generado por Yacyretá”, deuda que a la fecha suma más de USD 1.200 millones, diferidos ilegalmente, sin considerar los intereses y reajustes.

La preocupación de los docentes se centra en que toda nueva obra hidroeléctrica con Argentina debe plantearse con posterioridad a una resolución plena de todo lo cuestionado en Yacyretá, puesto que nuestro país debería exigir que se establezcan todos los derechos mencionados antes de ampliar la hidroeléctrica, incluidos Añá Cuá y Corpus.

Respecto de la venia parlamentaria, expresa que el inicio de las obras sin el aval del Congreso es enteramente ilegal, tal como pretende el Gobierno actual.