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Economía
lunes 8 de agosto de 2016, 01:00

Infraestructura y educación

Uno de los grandes dramas estructurales de las economías latinoamericanas ha sido tradicionalmente la baja productividad, la que limita seriamente sus posibilidades de crecer de manera sostenida durante largos periodos de tiempo.

El Paraguay no es la excepción. Y aunque por lo general no manejamos muchos datos sobre este tema ni los analizamos más profundamente –una tarea pendiente de los economistas por cierto–, sabemos que tenemos grandes déficits en esta materia.

De una forma sencilla, la productividad es un indicador clave de la eficiencia, pues relaciona la cantidad de recursos utilizados para obtener una cantidad mayor de productos.

En cualquier economía, son varios los factores que determinan una mejora de la productividad. En esta ocasión, solo quiero referirme a dos ejes deficitarios que en nuestro país claramente pueden explicar una parte importante del problema de productividad: la infraestructura y la educación de calidad.

De algún modo, estos dos ejes han seguido una trayectoria contraria desde la vuelta a la democracia en nuestro país, hace más de un cuarto de siglo.

La bajísima inversión en infraestructura física de las últimas décadas, nos presenta como uno de los países más atrasados en este sentido y, por supuesto, esto representa un enorme costo en términos de productividad y calidad de vida para la población.

Ejemplos tan cotidianos como el caótico tráfico diario o la directa ausencia de rutas en mínimas condiciones de poder transitarlas, nos dan cuenta de la gran pérdida de productividad que nos genera.

Sin embargo, esta situación de ausencia de inversión ha empezado a cambiar drásticamente en los últimos años. Hoy tenemos ingentes recursos que están siendo invertidos en una gran cantidad de obras en toda la República.

Varias rutas que están siendo asfaltadas, otras ampliadas o recuperadas, superviaductos, costaneras extendidas, alcantarillados sanitarios, sistemas de transportes son solo ejemplos de la enorme cantidad de obras que se están encarando a través de diversos mecanismos de financiación.

A diferencia de décadas anteriores, hoy el tema de la fuerte inversión en infraestructura es algo que prácticamente está consensuado por todos los sectores como algo prioritario. Y el enfoque está más bien en contar con buenos proyectos que sean ejecutados de manera honesta, eficiente y dinámica.

Por su parte, cuando hablamos de educación de calidad, el propio sentido común nos indica lo clave de este elemento para elevar sustancialmente el nivel de productividad de cualquier sociedad.

En ese sentido, en los primeros años luego de la vuelta a la democracia en nuestro país, contábamos con un gran consenso sobre la necesidad de aumentar sustancialmente nuestra inversión educativa.

Así lo hicimos, y logramos incorporar por ejemplo en la propia Constitución Nacional la obligación de invertir al menos el 20% del Presupuesto General de Gastos de la Nación en educación.

El gran objetivo movilizador fue la incorporación de vastos sectores de la población al sistema educativo; es decir, un fuerte énfasis en la cobertura que se fue logrando paulatinamente.

Sin embargo, y a diferencia de lo que ha venido ocurriendo con el tema infraestructura, pareciera que la bandera de la educación –ahora con el enfoque centrado en la calidad– ha quedado rezagada de las prioridades políticas en el tiempo actual. Lo mismo que la inversión requerida.

Por supuesto, no me refiero al discurso políticamente correcto en donde la educación siempre figura, sino a hechos concretos y reformas reales que generan cambios significativos en la calidad de la educación.

Hoy, necesitamos que estos dos elementos –infraestructura y educación de calidad– converjan como dos cuestiones centrales del discurso y de la acción política.

No podemos permitirnos el lujo de que exista un tiempo para cada uno; ambos son esenciales y urgentes al mismo tiempo.