29 mar. 2024

Informe habla de estafa y falta de castigo en Acepar

Irregularidades, hechos punibles de todo tipo, intervención apresurada e irresponsable, como también responsabilidades compartidas en la estafa y vaciamiento de Acepar, la siderúrgica de Villa Hayes, son los ejes de la conclusión a la que arribó la comisión especial del Senado que investigó el proceso de la acería que hoy sobrevive al borde del cierre definitivo.

Predio.  La planta de Acepar en Villa Hayes sigue trabajando pese a las varias  denuncias.

Predio. La planta de Acepar en Villa Hayes sigue trabajando pese a las varias denuncias.

El extenso informe, de 48 páginas, que fue presentado por el senador Miguel Ángel López Perito, de Avanza País, relata en detalles la historia de la siderúrgica desde sus orígenes y cómo fue cayendo en desgracia con los años a raíz de manejos irregulares.

La investigación es tajante en sus conclusiones, al sostener que la intervención de la acería, impulsada por el Gobierno, debió haberse fundamentado en una auditoría sobre la nueva dirección administrativa de la empresa, que desde abril del 2013 estaba a cargo de Insidsa, consorcio paraguayo que compró las acciones de Cerro Lorito SA (empresa con mayoría accionaria del 66%) y en un estudio serio de factibilidad de recuperación real de la empresa.

Afirma que la justificación de la intervención, avalada por la negra historia de estafas de Acepar SA, “fue validada por algunos pedidos de intervención, como la del gobernador del Departamento de Presidente Hayes, el Centro de Industriales Metalúrgicos (Cime) y Cootrapar (que ya había solicitado tal medida en 2009), y un conjunto de recortes de periódicos referentes a la paralización de Acepar SA en los primeros meses del 2013”.

En cuanto a responsabilidades directas, acusa a la Procuraduría de no haber hecho nada para que se castigue a quienes con maniobras delictivas defraudaron y vaciaron la empresa. “Esa era la gestión concomitante debido a la gravedad de los hechos, a más de solicitar la intervención de Acepar SA, fundada en que los compradores de las acciones la endeudaron a límites extraordinarios injustificables, dejaron la producción a un mínimo, sin inversiones debidas y necesarias, e incumplieron en forma sistemática y persistente sus obligaciones contractuales y legales, habiendo prácticamente vaciado la empresa”.

Responsables. López Perito también refiere en su informe que todo parece indicar que los responsables directos de la estafa a la siderúrgica son Sergio Taselli y su grupo, “quienes lamentablemente actuaron con la complicidad y asesoramiento de paraguayos”, algunos de estos, profesionales abogados que incluso formaron parte de la administración y dirección de Acepar SA como empleados del empresario argentino.

Asimismo, subraya que las maniobras comerciales para despojar y vaciar la empresa, necesariamente debieron dejar rastros como, por ejemplo, en los registros de la Dirección Nacional de Aduanas y del Ministerio de Hacienda. “Estos registros fácilmente podrían constituir prueba documental de los ilícitos y defraudaciones de Sergio Taselli y su grupo, lo cual, si existiera voluntad política, otorgaría derecho a impulsar acciones en el ámbito penal y civil para, cuando menos, neutralizar y desacreditar las millonarias deudas que increíblemente Taselli reclama a Acepar y que, al parecer, a través de la convocatoria de acreedores, el gobierno está dispuesto a reconocerlas como legales y a pagarlas”, enfatiza.

A partir de todos los datos y hechos expuestos, consideran que “la decisión de intervenir Acepar SA fue apresurada, de contenido político y propagandístico por parte del Poder Ejecutivo”. También asegura que quedó evidenciado que no hubo una evaluación previa de las condiciones y consecuencias de la aplicación de la medida de la intervención y, menos, claridad fundada sobre cómo realizar el salvataje de la acería.

Por último, señala que no hubo intención de “castigar en el ámbito civil o penal a los responsables de llevar a la empresa al estado actual, al borde de la quiebra, como lo afirma la propia Procuraduría en su pedido de intervención ante el Poder Judicial, lo que induce a calificar justificadamente dicha intervención como apresurada e irresponsable”.