Dependiendo de la institución a la que pertenezca, el seguro médico de un funcionario público puede variar de un plan de menos de G. 400.000 al mes hasta uno de G. 2.300.000. La inequidad del gasto en el seguro médico privado para empleados del Estado revela que en la práctica existen funcionarios de primera categoría y otros de segunda.
Un equipo de Telefuturo y ÚH hizo un relevamiento de datos sobre los contratos firmados por provisión de planes de medicina prepaga por distintas instituciones públicas.
En algunas entidades, los funcionarios reciben mejores planes que parlamentarios o incluso ministros del Poder Ejecutivo. Paralelamente, secretarías más pequeñas y con presupuestos más reducidos apenas proveen un seguro básico a su funcionariado.
Un funcionario del Banco Central del Paraguay actualmente goza de un plan de cobertura total de Asismed, por el cual el Estado paga G. 2.367.350 al mes, por cada empleado.
En el ránking de seguros más caros dentro del funcionariado público le sigue el Banco Nacional de Fomento. Cada funcionario de esta entidad recibe un plan de G. 2.026.500, también pagado completamente por el Estado.
En contrapartida, los funcionarios de la Secretaría de Acción Social (SAS) actualmente tienen un plan de G. 399.500 al mes, mientras que en el Instituto Paraguayo de Artesanía pagan un plan de G. 425.000 por cada empleado.
ASIMETRÍA. “No solo en salario tenemos inequidad y privilegios irritantes, también los hay en cobertura de seguro médico. Algunos ministerios tienen una cobertura mucho más amplia. Eso se negocia en los pliegos de bases y condiciones”, señaló el ministro de la Función Pública, Humberto Peralta.
“Es más, puede haber al interior de los propios funcionarios diferencias, sé casos de legisladores que tienen una cobertura adicional al de contratados o al de funcionarios permanentes en el Legislativo. Uno diría: ¿y no se negocia el seguro para todos por igual? No, no se negocia”, añadió.
Peralta criticó la disparidad que hay entre instituciones para pagar seguros médicos a sus funcionarios, pero sostuvo que se trata de un complemento salarial que prácticamente en todos los países de la región existe para funcionarios. Recordó que los ministros del Poder Ejecutivo tienen el mismo seguro médico que cualquier funcionario permanente, sin importar el cargo.
Durante el gobierno de Horacio Cartes, entre el 2013 y el 2016, el Estado gastó USD 226 millones en la contratación de seguros médicos y odontológicos privados para funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. Son 19 las aseguradoras que proveyeron el servicio. En diciembre de este año, estas firmas habrán facturado G. 342.000 millones solo en el 2016.
“Esa medicina prepaga se paga con recursos públicos, del Presupuesto General de la Nación, y, por lo tanto, del ciudadano que finalmente termina absorbiendo la carga de beneficios para el funcionariado público y son beneficios adicionales a las remuneraciones, digo adicionales porque eso no es tangible”, explicó Peralta.
