Dijo que de comprobarse la utilización de recursos del Estado paraguayo para fines electorales particulares “por supuesto que condenamos esta situación que viene agravando el Estado social de derecho, en una práctica ya común que no debería naturalizarse”.
Subrayó que actos de esta naturaleza afectan profundamente el Estado de derecho, y que estos hechos de corrupción deben ser fuertemente investigados por la Fiscalía, de oficio, y preguntar a la gente de esos pueblos sobre la situación y las condiciones en que fueron al referido acto.
Indicó que no solo se vulnera el Estado social de derecho, sino que es un hecho de corrupción demasiado arraigado que “obviamente vulnera los derechos humanos civiles y políticos de los pueblos indígenas que en el Paraguay son fuertemente discriminados, principalmente, en lo que a posesión de la tierra se refiere”.
Refirió, además, que es grave la situación “sobre todo, porque estamos hablando de pueblos indígenas que son víctimas de discriminación racial, principalmente, por parte del Estado paraguayo y de este gobierno”.
Mendieta recordó que eso lo ha dicho la relatora Especial de NNUU sobre pueblos indígenas, en un informe, tras interiorizarse acerca de la situación de los pueblos indígenas de Paraguay.