Líderes de 75 comunidades del Bajo Chaco paraguayo, pertenecientes a los pueblos indígenas énxet norte y sur, angaité, sanapaná, nivaclé y qom, y reunidos en la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCH) se manifestaron hoy frente al Congreso paraguayo, alegando que los indígenas no tienen “nada que celebrar” el 12 de octubre, conocido como Día de la Raza.
“Me duele cuando escucho eso de la raza americana. Hace ya mucho tiempo mucha gente falleció y se mató en ese tiempo (de la colonización). Cuando llega este día, es una tristeza para nosotros”, declaró a Efe Sanlorenzo Cantero, líder de la comunidad indígena La Esperanza, del pueblo sanapaná.
Por su parte, Milcíades González, también del pueblo sanapaná, declaró que “con el supuesto descubrimiento de América empezó el saqueo y la masacre a los pueblos indígenas”.
“Para nosotros, no es nada de celebración, sino una lucha constante por tener algo de bienestar en nuestras comunidades, porque hay muchas necesidades, y la violación de nuestros derechos al no poder tener tierra propia”, expresó.
González pertenece a la comunidad de Xákmok Kásek, en el Chaco paraguayo, que en 2010 obtuvo un fallo a su favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que obligó al Estado paraguayo a restituirles una extensión de 10.700 hectáreas de sus tierras ancestrales, de las que fueron expulsados en la década de 1980 por el ganadero estadounidense Roberto Eaton.
El Estado paraguayo llegó a un acuerdo de compra con uno de los propietarios de parte del terreno y, tras varias movilizaciones de los nativos, está efectuando el pago por estas tierras, pero se trata del único caso en 2016 en que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) empleó su presupuesto para la adquisición de tierras, según un comunicado de la CLIBCH.
Los indígenas denunciaron además que el presupuesto de esta entidad estatal para la compra de tierras prevé reducirse en más de un 60 % para 2017, lo que vulnerará su derecho a que el Estado les provea de tierras en forma gratuita, recogido en la Constitución paraguaya.
En paralelo a esta reducción del presupuesto, los nativos lamentaron que comunidades indígenas están siendo expulsadas de sus territorios por cultivadores de soja brasileños, como ocurrió recientemente en la comunidad Sauce (este), del pueblo avá guaraní.
“La política de este gobierno no es para los pueblos indígenas, sino netamente para ganaderos y sojeros. El Estado es cómplice de los desalojos por el incumplimiento de la ley, y en vez de trabajar en favor de su pueblo, actúa en favor de extranjeros”, señaló Eusebia Torres, partera de la comunidad La Patria, del pueblo angaité.
Los indígenas pidieron al Estado que “deje de promover atropellos y expulsiones de comunidades indígenas de sus tierras tradicionales”, y que garantice el acceso de estos pueblos a su derecho “a la salud, la educación y la vivienda digna”.
Los pueblos indígenas representan a menos del 2 % del total de la población de Paraguay, y están divididos en cerca de veinte etnias diferentes.
El 75 % de ellos se encuentra en situación de extrema pobreza, según cifras oficiales, en su mayoría porque fueron desposeídos de sus tierras ancestrales durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), y la primera década de la democracia.
