RAÚL PEÑA
La empresa Agropeco SA podría demandar al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) por expedir títulos sobre un inmueble que no es de su propiedad.
Por Resolución del entonces IBR Nº 141 del año 1985, se dispuso la compra a la firma Agropeco de una fracción de 2.000 hectáreas y otra de 4.000 hectáreas, que constituye hoy la colonia María Auxiliadora, ubicada en el distrito de Abaí, en el Departamento de Caazapá.
El precio total de venta de las 4.000 ha. era de G. 140 millones. Entre los años 1985 y 1987, el IBR pagó tres cuotas, totalizando G. 49.951.150, y quedó un saldo de G. 90.048.850.
La firma agropecuaria, que tiene 16.100 ha. en todo el país, pidió posteriormente al Indert la fijación de un nuevo precio para la fracción correspondiente a María Auxiliadora, debido a la demora por parte del ente rural para cancelar el saldo adeudado y en atención al revalúo de las tierras.
El 15 de abril de 2013, por Resolución Nº 1741, la institución agraria rechazó la propuesta de Agropeco para la fijación de un nuevo precio.
Según el presidente de la empresa, Carlo Sama, ante la negativa del Indert, se le devolvió el dinero que pagó por las tierras de María Auxiliadora. Comentó que luego se inició contra la institución una acción declarativa, de manera que un magistrado determine la propiedad de las 4.000 ha. Hasta hoy, las tierras se encuentran inscriptas en los Registros Públicos a nombre de Agropeco SA.
Sama, quien brindó ayer una conferencia de prensa en asiento de su empresa, ubicada en el km 174 de la ruta 6, indicó que una vez promovida dicha demanda, se iniciaron de nuevo las conversaciones con el Indert, comandado ya por Justo Cárdenas, para tratar de llegar a un acuerdo.
Según relató Sama, las negociaciones finalizaron el 4 de marzo de 2014, fecha en que se dio por terminado el acuerdo de compraventa de las 4.000 ha., sin responsabilidad ulterior para las partes.
El responsable de Agropeco añadió que se realizaron varias reuniones con representantes de la Cooperativa Pindó, que agrupa a la mayoría de los ocupantes, de los cuales, aproximadamente el 60% posee títulos otorgados “ilegalmente” por el IBR en años anteriores. En su gran mayoría son brasiguayos los que explotan actualmente las 4.000 hectáreas.
Debido al tiempo transcurrido, sin llegar a ningún acuerdo, los representantes legales de la firma Agropeco promovieron una diligencia preparatoria –proceso previo a una demanda formal– con el objetivo de obtener informaciones que posibiliten la acción judicial. La diligencia preparatoria se encuentra actualmente en trámite.
La mayoría de los ocupantes que fueron notificados de la acción judicial presentaron posteriormente sus respectivos documentos respaldatorios, “que luego de un estudio preliminar resulta que no acreditan derecho alguno sobre las tierras de Agropeco (finca Nº 5.400, de Jesús y Trinidad), ya que derivan de fincas diferentes que no guardan relación con la propiedad de Agropeco, explicó Sama.
“El IBR o Indert no podía otorgar título sobre una propiedad que no se hallaba inscripta a su nombre porque la operación de compraventa con Agropeco nunca concluyó”, dijo por su parte uno de los abogados de la empresa, Juan Carlos Mendonca.
Aproximadamente, 50 familias campesinas que ocupan la zona urbana de María Auxiliadora arribaron ayer a un acuerdo con Sama, quien suscribió con los pobladores un contrato de compromiso de transferencia de los lotes ubicados en la zona urbana.
