El ente cita, entre los que pretenden generar “un ambiente de inestabilidad social y política en el país” a Efraín Alegre, presidente del PLRA; a Rafael Filizzola, del PDP; a los senadores Luis Alberto Wagner (PLRA) y Sixto Pereira (FG); y al diputado liberal José Ledesma.
El comunicado que lleva la firma de Justo Cárdenas, titular de la institución agraria, señala que desde un principio se denunció la contaminación política en el caso Guahory.
La misiva dice que los citados políticos desconocen la ley agraria vigente en los años en que fue habilitada la colonia Guahory, por la que se concedía tierras públicas a cualquier ciudadano, sea paraguayo o extranjero.
La institución sostiene que los opositores desconocen los antecedentes históricos del caso y la derogación de la ley que había sido aplicada en su momento.
“Los manipuladores del caso pretenden desconocer que los lotes cuestionados en Guahory fueron invadidos hace apenas un par de años, contrariamente a la versión de los inescrupulosos que hablan de que los recientemente desalojados están en esas tierras desde hace 30 años”, dice parte del comunicado.
El ente responsabiliza de cualquier incidente que ocurra en la colonia a los políticos ya mencionados.
“Hacemos responsables a estos actores políticos de cualquier acto de violencia que derive en situaciones que tengamos que lamentar”, expresa el texto.
De acuerdo con el Indert, se ofreció a las familias campesinas que fueron desalojadas en setiembre pasado, un paquete de salidas sociales inmediatas.
Una de ellas hace a la recuperación administrativa de unos 40 lotes en Guahory para asentar en los mismos a las familias más necesitadas. Así también, la compra de unas 1.300 hectáreas para la totalidad restante. Por último, la habilitación de una colonia modelo con todos los servicios básicos: viviendas, agua, luz, caminos, escuelas, centro de salud, y asistencia crediticia y técnica para la producción agrícola sustentable. “Pese a los inescrupulosos y oportunistas que buscan lucrar miserablemente con las legítimas necesidades del sector campesino, el Gobierno y el Indert en particular, ratifican su irrenunciable compromiso de seguir buscando la solución del caso (...)”, finaliza el comunicado.
