Exactamente el 30 de marzo pasado, en una reunión con senadores de la Comisión de Reforma Agraria, el titular del ente rural, Justo Cárdenas, reconoció esta situación.
En esa oportunidad, el funcionario había manifestado que la única manera de regularizar la tenencia de las tierras de Guahory era a través de un juicio de nulidad de títulos.
“Lo que no se puede desconocer es que aunque los títulos tengan vicios de origen fueron sin embargo inscriptos legítimamente en Catastro y en Registros Públicos”, había señalado Cárdenas.
Ahora, el mismo Cárdenas considera que es imprudente llevar a cabo un juicio de esa naturaleza, “porque generaría un caos jurídico”.
IDEÓLOGO. El funcionario Armando Díaz Solís, del Indert, sería quien ideó y posteriormente con ayuda de otros, ejecutó el plan para legalizar la tenencia de las tierras de la colonia a los colonos, descendientes de brasileños.
La abogada Miriam Cristaldo, quien desde hace bastante tiempo viene estudiando este caso, relató el modus operandi del funcionario de la institución agraria.
Según indicó, Díaz Solís utilizó como prestanombres a sus hermanos, a su madre y a otros parientes, para hacerse de títulos de propiedad y luego negociarlos con los brasileños. El mismo responsable del ente, Justo Cárdenas, había dicho que Díaz Solís sería denunciado ante el Ministerio Público, lo que aparentemente no ocurrió.
Desde el Indert informaron que el mencionado funcionario posee unos cuantos sumarios, uno de ellos con relación al caso Guahory.
La abogada, quien es además asesora externa del senador Miguel Ángel López Perito, indicó que actualmente hay ocho juicios de nulidad de título, tramitados en el Juzgado a cargo del magistrado Hugo Garcete. A pesar de este litigio existente, el desalojo ocurrido la semana pasada fue sobre la totalidad de los lotes de la colonia.
