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Editorial
jueves 30 de junio de 2016, 01:00

Indert debe asumir control ante el negociado de tierras

Justo Cárdenas, presidente del Indert, intentó lavarse las manos ante la investigación periodística de ÚH y Latele, que permitió desbaratar una red que vendía tierras de la reforma agraria a través de internet. No puede, sin embargo, evadir su responsabilidad con solo abrir un sumario, ya que él es quien firma los títulos de propiedad. Urge un mayor compromiso de control para cortar de raíz la corrupción que sigue imperando en el ente, mientras miles de campesinos no pueden acceder a la tierra propia.

Una investigación llevada a cabo por periodistas del diario Última Hora y el canal televisivo Latele sacó a luz ayer una oscura red delictiva que se dedicaba a la venta ilegal de tierras destinadas a la reforma agraria, que sin embargo eran ofrecidas por varias veces su valor oficial a través del servicio de avisos clasificados en internet, Clasipar.com.

Siguiendo la pista, los investigadores se hicieron pasar como compradores para develar el delito. Luego, la Fiscalía hizo lo propio, a través de un sistema de entrega vigilada, acordando la compra de unas 15 hectáreas de terreno en la colonia Yacaré Cuá, distrito de Los Cedrales, Alto Paraná, a un precio acordado en 300.000 dólares (casi 1.700 millones de guaraníes), cuando el precio subsidiado que concede el Estado para asentamientos campesinos, bajo el programa de reforma agraria, es de solo 12 millones de guaraníes.

La comprobación de este proceso a través de un registro documental, avalado por la Fiscalía, permitió determinar, en una primera etapa, la responsabilidad directa de un funcionario del Indert, Néstor Riquelme, con la función de ser administrador de colonias, con la complicidad de un ciudadano que tenía la posesión del lote, Reinaldo Bronstrup Wanderer, y del representante de una inmobiliaria de Ciudad del Este, Andrés Cardozo Mendoza, quienes fueron detenidos y ya están imputados por estafa y violación de la Ley 4682, sobre hechos punibles contra bienes patrimoniales y destinados a la política agraria del Estado.

El trabajo investigativo de los periodistas revela que la corrupción sigue permeando la estructura del Indert. El negociado de la venta de derecheras continúa tan campante, a pesar de que está expresamente prohibida por la Ley 4682, vigente desde 2012. Por ello, el titular del ente, Justo Cárdenas, no puede lavarse las manos diciendo que ellos también han denunciado otros casos de esta grave práctica delictiva, ya que es él quien finalmente firma los títulos de propiedad y le corresponde ejercer un buen sistema de control para impedir que ocurran casos como el que se está denunciando.

Paraguay sigue siendo uno de los países con mayor concentración en la propiedad de la tierra, en donde el 2,6% de los propietarios detenta el 85,5% de la superficie agraria, según datos de la FAO. Corregir este gran desequilibrio, que tiene efectos concretos en la realidad política y socioeconómica del país, es una de las principales funciones de organismos estatales como el Indert, pero para ello es necesario un mayor compromiso ante la corrupción y una mayor eficiencia en la gestión. Situaciones delictivas, como las que ahora está sacando la investigación periodística de Última Hora y Latele, solo demuestran lo mucho que aún hay que corregir.