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Política
jueves 28 de julio de 2016, 01:00

Indert apura construcción de pozos y no regulariza tierras

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) construyó un sistema de agua en una propiedad privada en el distrito de 25 de Diciembre, Departamento de San Pedro.

La propiedad está ocupada hace varios años por unas 50 familias que conforman el asentamiento San Isidro Labrador.

La propietaria, años atrás ofreció en venta el inmueble de 20 hectáreas a la institución agraria, pero la oferta fue rechazada.

Una de las lugareñas, Hermelinda Ramos, manifestó que recién tras la inauguración del sistema de agua, en enero pasado, el responsable del ente rural, Justo Cárdenas, se dio por enterado de que la propiedad todavía no formaba parte del patrimonio de la institución.

Cárdenas posteriormente intentó negociar la compra de la propiedad, pero no se mostró conforme con el precio, según trascendió.

Según indicó Ramos, a G. 30 millones la hectárea se ofreció ahora la propiedad.

Patricia Sosa sería la dueña del inmueble, pero fue una persona de nombre Ricardo Rojas quien habría encabezado las negociaciones con el Indert.

Por el sistema de agua en el lugar, el ente rural pagó la suma de G. 578.790.000 a la Asociación Reseda Poty.

Los pobladores reconocen la importancia del sistema de agua en el asentamiento, pero solicitan la regularización inmediata de la tenencia de las tierras.

El mismo intendente del distrito de 25 de Diciembre, Sindulfo Benítez (ANR), pidió a Cárdenas la regularización de esas tierras.

“Necesitan muchas cosas esa gente; como es asentamiento, tienen su escuelita y tienen los servicios básicos también; entonces yo, sin documentación para mi respaldo, no puedo hacer ninguna inversión allí tanto de mis recursos. Y en el tema de Fonacide si que mucho menos”, expresó el jefe comunal.

Cuestionado. El Indert realizó las obras de sistemas de agua en distintos puntos del país a través de dudosas oenegés, a las que transfirió millonarias sumas de dinero para que contraten a firmas “constructoras”.

Esas transferencias de dinero provenientes del Fides se hicieron mediante el Rubro 800, que escapa a la fiscalización de la Dirección de Contrataciones Públicas.