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Política
jueves 11 de agosto de 2016, 01:00

Incidentado procedimiento en tierra recuperada por Indert

Por Édgar Medina

PUNTA PISTOLA - CANINDEYÚ

La fiscala Estela Marys González incautó ayer dos máquinas agrícolas y un camión de gran porte y además dispuso la apertura de un portón que obstaculizaba el tránsito a una comitiva del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que debía tomar posesión de una parcela de tierra recuperada en el límite del Alto Paraná con el Departamento de Canindeyú.

Los funcionarios del Indert se desplazaron hasta la localidad conocida como Punta Pistola, ubicada a 170 kilómetros al norte de Ciudad del Este, con una orden judicial de prohibición de innovar firmada por el juez Miguel Ángel Rodas, de Asunción, para tomar posesión de una parcela de cerca de 250 hectáreas, ocupada por miembros de una familia.

Paralelamente, la fiscala de Minga Porá allanó el inmueble y dispuso la apertura de un camino vecinal, en una denuncia de invasión de inmueble presentada por el Indert contra los antiguos ocupantes de las tierras.

La institución del Estado pretende volver a entregar las tierras a los campesinos reubicados en la colonia Santa Lucía, a quienes ya habían entregado parcelas en el lugar.

Supuestamente, los mojones fueron sacados y los campesinos corridos bajo amenazas por los antiguos ocupantes, quienes tienen título de propiedad de unas 56 hectáreas y estaban pagando por las cerca de 250 hectáreas, cuando el Indert anuló los pagos, por el incumplimiento del Estatuto Agrario, según la versión de la entidad estatal.

El abogado Gustavo Pedrozo, quien representa a la familia González, por su parte, también sostiene que poseen una orden judicial de prohibición de innovar vigente otorgada por el juez Samuel Silvero, del juzgado de Saltos del Guairá. Sostuvo que no fueron notificados de ninguna revocación de la medida cautelar, por lo que en consecuencia siguen vigentes.