Noelia Duarte Solís
CIUDAD DEL ESTE
Son 150 viviendas que fueron invadidas el fin de semana y de acuerdo con la denuncia policial, se sindica a Aída Molinas como una de las que encabezaron la invasión a las casas construidas por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), en el km 10 de CDE.
Todas las casas están ocupadas y entre ellas se pudo ver a funcionarios de la Comuna de Ciudad del Este con sus familiares. Uno de los ocupantes admitió que Molinas les dijo que ingresaran a las viviendas, pero enseguida otra persona les indicó que guardaran silencio y evitaran hablar con los trabajadores de prensa.
Mientras, la mayoría de los invasores realizaban limpiezas en el predio, colocando ventanas, puertas y otros materiales que fueron rapiñados con el paso del tiempo. Además, como la zona no tiene servicios básicos, se pudo ver que los ocupantes realizaron conexiones directas para tener energía eléctrica.
Recuperación. Por su parte, las personas que ya tienen la adjudicación de las casas por la Senavitat reclaman una acción para recuperar los inmuebles. Incluso existe una asociación de adjudicados de Senavitat del km 10, cuyo representante, Dionisio Vázquez, viajó ayer a Asunción para reunirse con la ministra y buscar una solución al caso. Mientras, los demás afectados están en una plaza cercana esperando una respuesta de las instituciones.
De las 150 viviendas construidas en CDE, 101 ya fueron adjudicadas en el año 2013, donde cada beneficiario entregó G. 2.750.000 y una vez que les entreguen las llaves de las casas deberán pagar 130 cuotas de G. 535.000.
TERRENO. El predio donde se construyeron las 150 casas de Senavitat no fue transferido al ente público y a la fecha, su propietario Joaquín Paiva, ya falleció, por lo que debe realizarse una sucesión para disponer que el inmueble pase a nombre de Senavitat y con eso autorizar a los adjudicatarios legales a ingresar a las casas.
La ministra de la Senavitat, Soledad Núñez, había mencionado que se pagó la totalidad por el terreno, pero anteriores administraciones no concluyeron los procedimientos. Esto data del año 2012, aproximadamente.
La construcción estuvo a cargo de la empresa El Progreso SA, vinculada al político liberal Arnaldo Barreto, y la Senavitat autorizó las obras en un terreno ajeno. El proyecto costó G. 10.717.440.580.
Pese a la denuncia ante la Policía Nacional, hasta el momento no hay acciones desde el Ministerio Público en la causa tipificada como invasión de inmueble ajeno. Ayer, no hubo avances, porque los funcionarios de la Fiscalía están con medida de fuerza.
La denuncia quedó a cargo del fiscal Julio César Yegros y se espera que hoy se tomen las primeras providencias, ya que los encargados de la obra tienen todas las documentaciones que deben arrimar al representante de la sociedad para ordenar un eventual desalojo.