Las carpetas que fueron llevadas por la fiscala corresponden a los juicios ejecutivos contra Martina Efigenia Benítez Ojeda, Claudia Angelina Martínez González, Marta Fátima Amarilla de González, Synthia Raquel Ramírez de Chamorro, Amelia María Ninfa Haurón Campos y Mirna Concepción Martínez Naguel, todas docentes del Ministerio de Educación y Cultura.
En el marco de cada juicio ejecutivo, se embargó el salario de los docentes por G. 7.645.000 cada uno, que totalizan G. 53.515.000 por deudas que no habrían sido contraídas por los docentes, que supuestamente fueron engañadas para firmar un pagaré por ese monto.
“Las docentes, en su mayoría con sueldo mínimo, no pudieron haber contraído dicha deuda, ya que sus salarios no avalan para millonarias sumas”, explicó Sosa.
Según el acta de imputación, Sánchez habría declarado falsamente a los docentes que los referidos pagarés formaban parte de la documentación requerida por la empresa Insur SA, para la obtención del crédito. Esta situación produjo en ellos el error de los que suscribían como garantía del cumplimiento de la deuda con la empresa, disponiendo así parte de su patrimonio y con la ejecución y el cobro de los mismos, habría obtenido para sí un beneficio patrimonial indebido, produciéndose un perjuicio patrimonial para los citados docentes.
Versiones. El juez de Paz Alejandro Peña mencionó que los juicios se hicieron en forma, conforme al Código Procesal Civil.
Por su parte, la fiscala mencionó que el juez no respetó el Código Procesal Civil, ya que ninguna de las víctimas fue notificada en el domicilio real o procesal como lo establece el Código. “Se está evaluando la conducta del juez y los ujieres en su presunto grado de responsabilidad”, sostuvo la fiscala.
