Basado en datos estadísticos provenientes de números oficiales de las penitenciarías del país, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) ha dado a conocer un informe que debería ser tenido en cuenta para aplicar medidas que tiendan a superar el problema que plantea.
Las constataciones indican que las personas que han cometido ilícitos y pertenecen a segmentos sociales más vulnerables por su situación económica o por ser mujer son las que van a parar a la cárcel con mayor frecuencia.
El informe advierte que “hay patrones discriminatorios en el encierro”, indicando que la causa de encarcelamiento más frecuente de los hombres es por transgresiones cometidas en contra de la propiedad de las personas, entiéndase robos y hurtos.
Por otro lado, señala que muchas de las mujeres que están tras las rejas en el Buen Pastor u otros reclusorios femeninos han sido privadas de su libertad por tráfico de drogas.
Además de situaciones evidentes de discriminación en las penitenciarías para acceder a comodidades mínimas, como un lugar decente para dormir, por lo que –en el caso de los hombres– tienen que descansar como pueden en los corredores, se colige de la investigación que aquellos que poseen recursos económicos están fuera de la cárcel con prisión domiciliaria o enteramente libres.
El drama que subyace en los presos pobres es que han cometido ilícitos por pertenecer a una clase social en la que las posibilidades de acceso a bienes que permiten una realización personal a través del estudio, el trabajo digno, la atención de la salud y otros beneficios colectivos son escasos o nulos.
Ante esta amarga realidad en que la prisión se convierte en una especie de castigo adicional al hecho de pertenecer a un segmento humano desfavorecido y vulnerable, es necesario un análisis profundo de parte de las instituciones del Estado vinculadas al crucial tema. El Ministerio de Justicia, por su rol de gerenciar la política pública del sector penitenciario, tendrá que liderar ese emprendimiento imprescindible.
La tarea deberá ser interinstitucional porque es obvio que las causas de la delincuencia obedecen a múltiples factores de exclusión social que se van agravando en el transcurso del tiempo.
Por lo tanto, las respuestas tendrán que provenir de los diversos sectores relacionados con el bienestar de los ciudadanos, incluyendo a los de la sociedad civil.
Es necesario que las autoridades administradoras del sistema judicial, en su conjunto, arbitren las medidas que pongan fin al trato discriminatorio en las cárceles del país.
La Justicia tiene que medir con la misma vara a todos, sin que entre en juego la variable de la condición social. De lo contrario, paradójicamente, en nombre de la Justicia se comete una gran injusticia.
