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Política
miércoles 31 de mayo de 2017, 01:00

Imputan a senador Amarilla por corrupción en gobernación

El senador liberal Carlos Amarilla Cañete fue imputado por la fiscala Victoria Acuña por supuestas irregularidades en la ejecución de los presupuestos de los ejercicios fiscales de los años 2012 y 2013, cuando estaba al frente de la Gobernación Central, cuyo perjuicio patrimonial al Estado fue de G. 3.187.592.656.

Al igual que el ex gobernador, fueron imputados Magno Duarte Cuba y otros seis funcionarios de dicho ente por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza.

La investigación fiscal se inició a raíz de una denuncia formulada ante el Ministerio Público por el contralor general de la República, José Enrique García.

La representante del Ministerio Público explicó en su imputación una serie de irregularidades de distintos tipos: en la adquisición de leche fluida UAT, un perjuicio de G. 124.121.656; por el almuerzo escolar, un faltante de G. 5.073.650; en la construcción de aulas en la Escuela Virgen de Fátima de Takuaty, Villeta, un faltante de G. 11.500.000.

También en la construcción de pavimento tipo empedrado, un perjuicio de G. 995.000.000; en la instalación de sistema de prevención de incendios para la Junta del Departamento Central, un daño de G. 26.394.000; en la instalación de refrigeración y calefacción de la sede de la Junta, un faltante de G. 9.597.000.

La fiscala hace alusión sobre cheques emitidos sin órdenes de pagos y sin documentos de respaldo, por G. 6.500.000.

Acuña puntualiza que la conducta de los mismos constituía en autorizar las erogaciones realizadas en los ejercicios fiscales 2012 y 2013. Incluso la tramitación de la orden de pago, pasó por todos los estamentos encargados de los controles administrativos previo al pago en cada contrato.

Asimismo explica que el legislador en calidad de titular de la Gobernación del Departamento Central firmó contratos para la provisión y prestación de servicios y en la misma fecha pagó el 20% del total del precio; sin embargo, no se habrían expedido las pólizas de seguro de anticipo y cumplimiento.

La fiscala Anticorrupción solicitó al Juzgado Penal de Garantías las medidas alternativas a la prisión preventiva para los encausados, a raíz de que todo ello se encuadra en lo establecido en el artículo 192 del Código Penal.

Finalmente requirió al juzgado la utilización de seis meses de investigación.