Uno de los imputados está refugiado en Uruguay y el otro es vicepresidente de la Juventud del partido. Se trata de Luis Osvaldo Sánchez González, quien también se encuentra en la mira por la supuesta fabricación de bombas molotov, y Marcos Antonio Ramos Mareco, por la quema del Congreso.
En la imputación, las fiscalas María José Abed Oviedo y Yolanda Portillo señalan que a las 16.55, sobre las calles 14 de Mayo y Paraguayo Independiente, Marcos Ramos “habría golpeado con una cachiporra el parabrisas delantero de una patrullera policial hasta romperlo”.
En ese sentido, mencionan que Ramos estaba vestido “con remera a rayas y gorro azul” y que fue identificado a través de las filmaciones de los medios de comunicación.
“Se sospecha, asimismo, que el citado también habría destrozado las luces de la sirena de la mencionada patrullera”, señala el escrito fiscal.
Con respecto a Sánchez, también mencionan que fue filmado cuando se unía a Ramos para golpear la patrullera, perteneciente a la Jefatura Metropolitana de Policía.
Además de las filmaciones, la Fiscalía cuenta con la declaración testifical del policía José Velázquez y la grabación que el mismo agente hizo en el momento de los hechos.
La imputación es por el delito de daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo. Sánchez y Ramos se exponen a una pena carcelaria de hasta cinco años.
ARRESTO. Como medidas cautelares, las representantes del Ministerio Público solicitaron el arresto domiciliario para Marcos Ramos, advirtiendo que eventualmente el juzgado podría preferir una medida menos gravosa.
Sin embargo, las fiscalas solicitaron que Luis Osvaldo Sánchez reciba prisión preventiva, teniendo en cuenta que, a criterio de la Fiscalía, el hombre huyó de la justicia y “salió del país de forma clandestina”.
El caso quedó a cargo del juez penal de Garantías Gustavo Amarilla. La Fiscalía pidió seis meses para la pesquisa.
Con esto se alarga aún más la lista de imputados por los incidentes ocurridos afuera y adentro del Congreso Nacional dos meses y medio atrás. El Ministerio Público también procesó a dirigentes y militantes liberales por la quema de la sede parlamentaria y por la presunta fabricación de bombas molotov dentro del local partidario.
