Los afectados fueron los funcionarios César David Legal González y José Walberto Gaona Paredes, y los particulares Gustavo Emigdio Cantero Wolf, Hugo Alexis Rodríguez García e Iván De Conto. Los dos primeros fueron procesados en calidad de autores, en tanto que los restantes en calidad de cómplices.
La causa inició con la denuncia presentada por el abogado Guido Adilson Jara Gómez en representación de la entidad bancaria.
El representante del Ministerio Público, además, pidió medidas alternativas a la prisión preventiva, prohibición de salir del país, prohibición de contactar directa o indirectamente con los prestatarios que figuran en la lista del BNF relacionadas a esta causa, comparecencia mensual ante el Juzgado y la caución real o personal de G. 100 millones y G. 250 millones.
Piñánez constató durante la investigación que las personas no reunían los requisitos para acceder a los créditos.
