Ambos imputados se desempeñaban como director y jefe de seguridad, respectivamente, en el Centro Educativo El Sembrador, de Villarrica, durante el periodo de gestión comprendido entre los años 2014-2015, y también en el 2016, hasta setiembre.
Según los antecedentes del caso las autoridades penitenciarias, supuestamente habrían torturado a los menores de edad, F. E. M. R., D. L. G., F. D. B. S. y J. M.
Es decir, los imputados de forma intencional habrían infligido violencia física y sicológica, contra los tres adolescentes, según menciona el acta de imputación.
El escrito además señala que el supuesto maltrato físico habría consistido en golpes con un objeto contundente, un caño de plástico de 80 centímetros aproximadamente (simple o rellenado con cemento).
Por otra parte, la representante del Ministerio Público acotó que los hechos de violencia aparentemente acontecieron en el interior de la oficina de la Dirección, en el pabellón y patio. Además, supuestamente las víctimas eran sometidas a golpes por parte de los otros adolescentes, en una ronda, por mandato de Leiva y Vázquez.
Asimismo, Zayas solicitó al Juzgado Penal de Garantías, las medidas alternativas a la prisión para los imputados, como la obligación de presentarse una vez al mes ante el juez penal de Garantías, prohibición de acercarse y comunicarse con las víctimas. Así también, la prohibición de salir del país, obligación de fijar un domicilio determinado, prohibición de ingresar al Centro Educativo, entre otros.