Se trata de Luis Alberto Caballero Candia (presidente), Bernabé Peralta Antúnez, Albino Sosa Solís, María Alcira Miranda Barrios, Taurín Francisco Portillo Servín, Silvio de los Santos Paiva Evers, Fátima María Stella Galeano de Orué, René Alejandro Medina Collar y Venancio Díaz Escobar.
Además, el fiscal explicó que se causó un perjuicio patrimonial de G. 1.253.247.839.
Todos ellos se desempeñaban como miembros de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, entre los años 2011-2015, periodo en el que supuestamente fue perpetrado el ilícito investigado.
Los antecedentes de la causa remiten a una denuncia presentada por afiliados de la citada Caja de Jubilaciones ante la representación pública el 13 de enero de 2016, en contra de los citados miembros directivos de la entidad, cuyas responsabilidades serán identificadas en la investigación penal –de acuerdo con la carpeta fiscal– por la supuesta comisión de hechos punibles contra el patrimonio.
Los denunciantes manifestaron que las autoridades de la Caja habrían exonerado recargos de las deudas resultantes en los atrasos del pago de los aportes obreros patronales correspondientes a las municipalidades. Supuestamente, esto se materializaba conforme a acuerdos bilaterales entre los municipios solicitantes y la entidad de aportes jubilatorios.
Piñánez resaltó que a fin de corroborar los hechos denunciados se realizó un allanamiento en el local de la mencionada Caja, donde fueron solicitadas varias documentaciones relacionadas a acuerdos firmados entre la Caja y la Municipalidad de Lambaré.
Tras analizar las documentaciones incautadas, así como las solicitadas vía oficio, la Fiscalía constató la realización de cuatro acuerdos bilaterales entre la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal y la Comuna lambareña.
Estos acuerdos habrían sido realizados a pedido del entonces intendente de la Municipalidad, Roberto Cárdenas, conforme a notas remitidas a la Caja, en las que se habrían solicitado la ampliación de acuerdos anteriores, fraccionamiento de deudas y exoneración de los intereses punitorios y recargos, generados por las deudas pendientes entre la Municipalidad y la Caja en concepto de aportes y préstamos.
otra causa. Caballero Candia fue imputado por un supuesto fraude de unos tres millones de dólares, como consecuencia del otorgamiento de préstamos, supuestamente en forma indebida, a terceras personas. También había sido acusado por la fiscala Sussy Riquelme por el hecho punible de cobro indebido de honorarios.
