24 abr. 2024

Imputados podrían tener penas hasta de 10 años

Los representantes del Ministerio Público Eugenio Ocampos, María González y Aldo Cantero imputaron a 21 manifestantes por el hecho punible de perturbación a la paz pública, que según el Código Procesal Penal tiene una expectativa de hasta 10 años de pena privativa de libertad, dependiendo de la gravedad.

La Fiscalía, gracias a videos, identificó rápidamente a los que se enfrentaron con la Policía, atacaron patrulleras y tomaron el Congreso Nacional durante la tarde noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril.

Por el ataque al Parlamento fueron procesadas 16 personas: Jorge Radice Sanabria (26), Marlene Orué León, Nelly Cortesi Martínez, Stiben Patrón Cáceres, Richard Chamorro Alvarenga, Roberto Rojas González (38), Jorge González Diarte (34), Juan Radice Schmidbauer (54), Juan Del Puerto Gómez (52), Paraguayo Cubas (55), Rafael Esquivel (42), Luis Sánchez González (53), Víctor Rodríguez Ullón (26), Marco Ramos Mareco (30), Luis Buongermini Barreto (33), Eduardo Mendieta Acosta. Entre estos, Radice Sanabria y Rojas González fueron imputados además por daño a cosas de interés común, por atacar una patrullera. Silvino Romero (25) fue procesado tras robar un televisor del Senado, por hurto agravado.

Además, luego de enfrentarse a la Policía con piedras y petardos fueron imputados Cristian Castillo, Héctor Estepa, José Flores Valiente, y Jorge Recalde, por perturbación.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.