El impuesto a la exportación de soja, tema recurrente de los últimos 15 años, ha vuelto a la discusión pública esta semana con la aprobación en general del proyecto de ley por parte de la Cámara de Senadores. Si bien el proyecto original fue corregido para excluir el maíz y el trigo, la versión aprobada en general sigue siendo un gran error como política tributaria y sus consecuencias serán absolutamente negativas para la producción agrícola y para el resto de la economía nacional.
Esto se debe a que es un impuesto a la exportación cuya liquidación y pago recaerán en los exportadores, pero la carga de la misma será trasladada completamente hacia los productores de soja a través de menores precios que serán pagados por los acopiadores a los productores.
En concreto, si se aplicara este impuesto con la tasa del 10%, la misma implicará una reducción equivalente en el precio pagado al productor. A valores de hoy, en vez de que el productor reciba un precio de aproximadamente USD 272 por tonelada, recibirá apenas USD 240 por tonelada.
Con estos valores, la producción se vuelve inviable en aquellas zonas de menor productividad y mayor costo como algunas partes de los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Misiones, etc., así como la producción en tierras arrendadas y el cultivo para pequeños y medianos productores, cuyos costos siempre son mayores por efectos de las economías de escala.
Como consecuencia habrá una reducción en el área de siembra, en la producción y en las exportaciones con efectos colaterales negativos en la venta de maquinaria, de insumos agrícolas, transporte y el comercio minorista, especialmente, en aquellas ciudades del interior que se desarrollaron en la última década alrededor de la producción. Por otro lado, la justificación está basada en la necesidad de mayores recursos fiscales así como en consideraciones de justicia tributaria porque el sector agropecuario tiene una carga tributaria menor que otros sectores económicos.
En este sentido, he manifestado en varias oportunidades que un sistema tributario tiene que ser simple, basado en pocos impuestos generales que afecten a todos los sectores y equitativo en el sentido de que aquellos que tienen la misma capacidad contributiva deberían enfrentar la misma carga tributaria. Sin embargo, hay opciones menos distorsivas y menos dañinas para lograr este objetivo que las planteadas con esta ley. Todos los impuestos son distorsivos, pero los impuestos específicos como el propuesto lo son de una manera exponencialmente mayor. Los impuestos específicos se utilizan cuando se busca reducir o eliminar la producción de un bien que afecta negativamente a la salud como el alcohol y los cigarrillos.
La soja es un alimento, cuya producción no debería ser reducida, sino más bien incrementada de tal manera de beneficiar a más personas en el mundo. Por lo tanto, la producción agropecuaria debería estar gravada con los mismos impuestos que gravan a otros sectores, ni más ni menos, para que exista equidad tributaria entre los diferentes sectores económicos del país y mantener un sistema tributario simple con impuestos generales.
Una opción menos distorsiva y menos dañina es que la producción agropecuaria esté sujeta al mismo régimen de impuesto a la renta aplicado a los sectores comerciales, industriales y de servicios con sus mismas tasas y condiciones. Esto mejoraría la equidad tributaria intersectorial e incrementaría los ingresos fiscales sin los efectos perniciosos de un impuesto a la exportación sobre la producción de soja, evitando sus efectos colaterales negativos y seguir fomentando la inversión y el crecimiento económico, único camino para seguir reduciendo sostenidamente la pobreza en el país.
Ojalá los parlamentarios revean su posición y busquen opciones menos dañinas para la economía. Debemos evitar que el electoralismo afecte el funcionamiento de la economía. Suficientemente difícil está el mundo, y específicamente la región, como para generar dificultades internas con políticas económicas erradas y fracasadas.
